martes, 4 de septiembre de 2012

Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón


4 de septiembre del 2012

Cuerpo de una joven de 14 años asesinada el 28 noviembre de 2008, sin identificar, en Ciudad Juárez tras la escuela CECATI 21. Foto: red
MÉXICO, DF.- El gobierno que iniciará su gestión en México el 1 de diciembre, recibirá como herencia el incumplimiento de la emblemática sentencia sobre feminicidios del llamado caso de Campo Algodonero, en medio del aumento de la violencia contra las mujeres. El conservador presidente Felipe Calderón termina su administración sin cumplir a cabalidad la sentencia dictada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el feminicidio de tres jóvenes encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.
Mientras, la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en solo un año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).
Precisa que mientras en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio, como se definen las muertes de mujeres por razón de su género. A esas cifras se suman las 183 desapariciones en el primer semestre de 2012, además de los 12 cuerpos encontrados en el Valle de Juárez a principios de este año.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua reportó que en 2010 ocurrieron 445 homicidios de mujeres en el estado, de los cuales 380 están en investigación, 40 fueron declinados a otra jurisdicción, sólo 20 casos fueron consignados y 5 quedaron en reserva. Ello quiere decir, enfatiza el Cedehm, que 95 por ciento de los asesinatos de mujeres en Chihuahua no han sido resueltos.
A lo anterior se suma que los patrones de los crímenes son los mismos que en los años 90, cuando comenzó a denunciarse la ola de asesinatos y desapariciones en el estado. Así lo denunciaron en julio organizaciones civiles ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, en inglés).
Activistas acusaron que la militarización de la entidad, ordenada por Calderón desde comienzos de 2007, agravó la violencia de género.
Incumplimiento
Fue en 2001 cuando ocurrieron los homicidios de las jóvenes Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera, cuyos restos fueron encontrados en Campo Algodonero, pero correspondió al saliente gobierno cumplir la sentencia de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica.
Sin embargo no lo ha hecho plenamente. A tres meses de que concluya el sexenio, Calderón debe el castigo a los responsables de los crímenes, además de la creación de una página web de mujeres y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993 a la fecha, ordenada por la corte interamericana en 2009. Adeuda asimismo la implementación de una base de datos con la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, y otra con información genética y muestras de células de familiares de personas desaparecidas, a fin de que el Estado mexicano pueda localizar a las víctimas. También queda pendiente una base de datos genéticos y celulares de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que haya sido asesinada en Chihuahua.
En cuanto a las indagaciones del caso Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en dos ocasiones ante la CorteIDH que había un "avance" en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien desde hace 11 años es considerado el presunto culpable de solo uno de los tres asesinatos.
Solo el 9 de este mes las autoridades federales y estadales asumieron una añeja demanda de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y anunciaron que gestionan la contratación de peritos internacionales para que coadyuven en la resolución del caso Campo Algodonero. Las y los especialistas tendrían cinco meses para revisar los expedientes y tratar de encontrar deficiencias y errores en las investigaciones realizadas.
El grupo estaría integrado por la española Ruth Rubio, catedrática y especialista en reparaciones con enfoque de género; Patricia Viseur Sellers, especialista en violencia sexual e investigadora del Tribunal Penal Internacional en la antigua Yugoslavia, y Madeline Rees, exrepresentante de la Alta Comisionada en Bosnia. También se incorporaría como perito externo el fiscal español Carlos Castresana, que entre otros cargos ejerció por tres años como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Pero Castresana ha sido acusado en México de violencia familiar por su exesposa, la periodista Sanjuana Martínez.
La eventual contratación del fiscal desató una ola de protestas y desplegados en medios nacionales firmados por feministas, quienes criticaron la "incongruencia" del Estado mexicano por pretender que un hombre acusado de violencia de género indague el feminicidio en Chihuahua.
Algunas organizaciones de Juárez y abogados que litigaron el caso Campo Algodonero ante la CorteIDH dijeron que buscarán que el equipo internacional también revise otros dos casos ocurridos en Ciudad Juárez.
Se trata de los casos de Idaly Juache Laguna, de 19 años, desaparecida el 23 de febrero de 2010, y el de Mónica Janeth Alanís Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Destinarán 1 mdd para investigar feminicidios

Contratarán tres peritos internacionales para el esclarecimiento de los casos del campo algodonero y Valle de Juárez

Félix A. González | NorteDigital

El Gobierno federal dispondrá de 1 millón de dólares para la contratación de al menos tres de cinco peritos internacionales propuestos, que vendrán a Juárez a coadyuvar en la investigación de homicidios del campo algodonero, pero que además se busca su colaboración en los casos más recientes de restos de jovencitas encontradas en el Valle de Juárez.

El titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Ernesto Jáuregui Venegas, manifestó que será el Gobierno federal el que aplique el recurso toda vez que se trata de una sentencia en contra del Estado mexicano.

La intención de traer peritos internacionales a Ciudad Juárez, ha generado comentarios a favor y en contra tanto por representantes de organizaciones sociales, como de padres de jóvenes desaparecidas.

“Si realmente vinieran y se tuviera la certeza de que se va a resolver algo, bienvenidos, pero esto ya lo vimos en el pasado y realmente no se ha llegado a los responsables ni de las desapariciones ni de los homicidios”, dijo aquí el señor Ricardo Alanís, padre de Mónica Janeth, una joven universitaria que sigue desaparecida.

El fiscal de Género, Ernesto Jáuregui Venegas, manifestó ayer que en estos momentos se está trabajando sobre la normatividad y las condiciones sobre las que vendrán a trabajar los peritos internacionales.

Dijo que uno de los puntos sobre los que ellos han enfatizado es que se garantice su seguridad durante el tiempo en que permanecerán en esta frontera y esto es algo que definitivamente se tiene que hacer.

Señaló que lo más importante es que con la llegada de los peritos internacionales, se trabajará de la mano con personas altamente capacitadas que aplicarán métodos y estándares internacionales en la materia.

“Ahorita se trabaja en este consenso entre Gobierno federal y Gobierno del Estado para no sólo trabajar sobre los crímenes del campo algodonero, sino también en los eventos más recientes”, reiteró.

La sentencia sobre los crímenes contra jovencitas fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 10 de diciembre del 2009 al conmemorarse el día de la declaración universal de los derechos humanos.

La resolución corresponde únicamente a tres de las ocho víctimas que fueran encontradas en el año 2001 en esta frontera. Se trata de Esmeralda Herrera Morreal, quien tenía 14 años; Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 y Claudia Ivette González, de 20 años.

Quienes son los peritos internacionales

Ruth Rubio: Española, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Europea de Florencia en Italia. Tema de trabajo: reparaciones con enfoque de género.
Patricia Viseur Sellers: Fue asesora jurídica y fiscal investigadora del Tribunal Penal Internacional en la ex Yugoslavia.

Madeline Rees: Fue representante de la Alta Comisionada en Bosnia y luego directora de la Unidad de Género en Ginebra. Es reconocida por su labor en contra del tráfico de personas, violencia sexual y derecho de personas LGBT.

Elizabeth Griffin: Es profesora universitaria y consultora de organismos internacionales y ONGs sobre derechos de las mujeres, metodologías de investigación de violaciones de derechos humanos y derecho penal internacional.

Carlos Castresana Fernández: Nació en España. Es abogado, fue magistrado y juez. Ingresó por oposición a la carrera de Fiscal desde el año 1989, destinado en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid, así como también en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción.