viernes, 10 de diciembre de 2010

Documentos sobre el feminicidio de Ciudad Juárez

Martí Caussa
Viento Sur

El próximo 10 de diciembre el gobierno mexicano debe hacer un informe sobre su cumplimento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hecha pública el 10/12/2009, que condenaba al estado de México por no garantizar la vida y la integridad de las mujeres de Ciudad Juárez. Era la primera vez que un tribunal americano condenaba a un estado por violar los derechos humanos y por discriminación de género y condición social.

El motivo de la condena fueron los asesinatos del Campo Algodonero, cuya descripción, realizada durante las sesiones de la CIDH, puede encontrarse en la página de Amnistía Internacional:

Lo que sigue es un extracto de la misma:

Los cuerpos de dos niñas y una joven mujer, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, fueron descubiertos en un antiguo campo algodonero en Ciudad Juárez el 6 y 7 de Noviembre del 2001 junto con los cuerpos de cinco otras jóvenes mujeres. Al menos cinco de las víctimas tenían menos de 18 años de edad. Sus familias habían denunciado su desaparición en 2000 y 2001. Uno de los cuerpos nunca fue correctamente identificado.

En 1993 había comenzado un patrón de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. De manera sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, señalando a menudo que las víctimas tenían la culpa por los crímenes cometidos en su contra y tratando a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos crímenes fueron llevados a la justicia, lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres.

El caso del Campo Algodonero se hizo famoso al ejemplificar la manera en que las autoridades municipales, estatales y federales discriminaron a las mujeres víctimas de asesinatos así como a sus familias, se equivocaron al identificar los cuerpos y no lograron recoger pruebas forenses fiables ni llevar a cabo investigaciones eficaces. En cambio, recurrieron a numerosas prácticas irregulares, incluida la tortura, para obtener confesiones y fabricar casos – uno de los que fueron condenados al principio apeló más tarde con éxito y fue liberado.

Tras protestas nacionales e internacionales ante este patrón de asesinatos de mujeres e impunidad conocido como “feminicidio”, los gobiernos federal y estatal tomaron algunas medidas para mejorar los procedimientos de prevención e investigación, sin embargo en muchos casos los responsables de los asesinatos, incluido aquel de las tres víctimas del Campo Algodonero ante la Corte Interamericana, no han sido llevados a juicio.

A pesar de haber identificado a al menos 177 funcionarios estatales posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en la ciudad, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos. No se han proporcionado reparaciones completas por los crímenes a muchos de los familiares de las víctimas, incluida una falta de reconocimiento adecuado del no cumplimiento por parte del Estado en respetar, proteger y cumplir sus derechos y los derechos de sus familiares asesinadas según las leyes internacionales sobre derechos humanos.

La sentencia de la CIDH puede leerse en la siguiente página:

Se trata de un extenso documento de 167 páginas donde, a parte de los razonamientos jurídicos y del análisis de los tres asesinatos que se juzgan, se hace una extensa descripción de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se indica que el término de feminicidio es adecuado para calificar los asesinatos del Campo Algodonero y entienda que algunos o muchos de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez “puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer”. A continuación se reproducen algunos extractos:

117. El Informe de la Relatora de la CIDH resalta que aunque Ciudad Juárez se ha caracterizado por un pronunciado aumento de los crímenes contra mujeres y hombres83 (supra párr. 108), el aumento en lo referente a las mujeres “es anómalo en varios aspectos”, ya que: i) en 1993 se incrementaron notablemente los asesinatos de mujeres84, ii) los coeficientes de homicidios de mujeres se duplicaron en relación con los de los hombres85, y iii) el índice de homicidios correspondiente a mujeres en Ciudad Juárez es desproporcionadamente mayor que el de ciudades fronterizas en circunstancias análogas86. Por su parte, el Estado proporcionó prueba referente a que Ciudad Juárez ocupaba en el 2006 el cuarto lugar en homicidios de mujeres entre ciudades mexicanas87.
…/..
1.3. Víctimas

122. En primer lugar, la Comisión y los representantes alegaron que las víctimas eran mujeres jóvenes de 15 a 25 años de edad, estudiantes o trabajadoras de maquilas o de tiendas u otras empresas locales, y que algunas vivían en Ciudad Juárez desde hacía relativamente poco tiempo. El Estado no se pronunció al respecto.

123. Los alegatos de los demandantes encontraron sustento en diversos informes de entidades nacionales e internacionales que establecen que las víctimas de los homicidios parecen ser predominantemente mujeres jóvenes98, incluyendo niñas99, trabajadoras –sobretodo de maquilas-100, de escasos recursos101, estudiantes102 o migrantes103.

1.4. Modalidad

124. En segundo lugar, la Comisión y los representantes alegaron que un número considerable de los homicidios presentaron signos de violencia sexual. Según un informe de la Fiscalía Especial, algunos de los homicidios y las desapariciones desde 1993 “han presentado características y/o patrones conductuales similares”104.

125. Diversos informes establecen los siguientes factores en común en varios de los homicidios: las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio105, sus familiares denuncian su desaparición106 y luego de días o meses sus cadáveres son encontrados en terrenos baldíos107 con signos de violencia, incluyendo violación u otros tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones108.

126. En cuanto a las características sexuales de los homicidios, el Estado alegó que según cifras del año 2004, alrededor del 26% de los homicidios obedecía a actos de índole sexual violento
…/..

143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por razones de género”, también conocido como feminicidio.

144. Para efectos de este caso, la Corte considera que, teniendo en cuenta la prueba y argumentación sobre prueba obrante en el expediente, no es necesario ni posible pronunciarse de manera definitiva sobre cuáles homicidios de mujeres en Ciudad Juárez constituyen homicidios de mujeres por razones de género, más allá de los homicidios de las tres víctimas del presente caso. Por esta razón, se referirá a los casos de Ciudad Juárez como homicidios de mujeres, aunque entienda que algunos o muchos de éstos puedan haber sido cometidos por razones de género y que la mayoría han ocurrido dentro de un contexto de violencia contra la mujer.
…/..

1.8. Conclusiones de la Corte

164. De todo lo expuesto anteriormente, la Corte concluye que desde 1993 existe en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres, habiendo por lo menos 264 víctimas hasta el año 2001 y 379 hasta el 2005. Sin embargo, más allá de las cifras, sobre las cuales la Corte observa no existe firmeza, es preocupante el hecho de que algunos de estos crímenes parecen presentar altos grados de violencia, incluyendo sexual, y que en general han sido influenciados, tal como lo acepta el Estado, por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual, según diversas fuentes probatorias, ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a éstos. En este sentido, cabe destacar las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. La Corte constata que hasta el año 2005 la mayoría de los crímenes seguían sin ser esclarecidos, siendo los homicidios que presentan características de violencia sexual los que presentan mayores niveles de impunidad.

En los primeros días de noviembre del presente año una Comisión Internacional se desplazó a México para investigar los avances en el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. La revista Proceso, en el número 1776 del 14/11/2010 publica un artículo de Gloria Leticia Díaz, titulado Feminicidios: crímenes discriminados en el que se da cuenta de los problemas detectados. A continuación se reproducen unos extractos:

…/.. las integrantes de la misión alertan de la gravedad de la violencia contra la mujer y manifiestan su preocupación por la lentitud para atender la sentencia de la Corte Interamericana por los feminicidios en Ciudad Juárez.

“En México este fenómeno y la violencia contra las mujeres ha quedado oculto frente a la batalla contra el narcotráfico; hay un desprecio institucional por la vida de las mujeres y, por tanto, se niega la realidad”, afirma Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española…/..

Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y perito ante la Corte Interamericana para el caso “campo algodonero”, afirma que hay evidencia de que los crímenes contra las mujeres se han incrementado, especialmente en Ciudad Juárez:

“De 1993 a 2007, teníamos registro de 500 niñas y mujeres asesinadas; de 2008 a octubre de 2010 ya eran 567 más. Sin embargo, el gobierno se niega a aceptar que haya feminicidios y adjudican esas muertes a ajustes de cuentas entre el narcotráfico, con lo que se desentienden de su responsabilidad de investigar.”…/..

Marta Eugenia Solano Arias, representante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (del que depende la misión que visitó México) manifiesta su preocupación porque a casi un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, “no hay visos ni señales del Estado mexicano de intentar cumplirla; oímos hablar a funcionarios que nos decían: “eso no es mi competencia”, y al final no sabemos a quién le corresponde cumplir”…/..

Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aporta números: de enero de 2009 a junio de 2010, en 18 estados mexicanos se cometieron mil 768 asesinatos de mujeres. De ellos, en mil 74 los patrones corresponden a feminicidios (homicidios de mujeres como resultado de la discriminación de género) y ocurrieron en 13 entidades, pero sólo se dictaron 40 sentencias.

En los casos de feminicidio las víctimas fueron arrojadas en la vía pública, sus edades iban de 11 a 30 años, tenían huellas de abuso y fueron ejecutadas por estrangulamiento, quemaduras o con arma punzocortante.

Además de Chihuahua, donde se registraron 245 crímenes de ese tipo, en las 13 entidades de las que el OCNF tuvo información para ese mismo periodo las de mayor incidencia son el Estado de México (309), Quintana Roo (204), Sinaloa (125), Tamaulipas (103), Jalisco (88) y Veracruz (82).

En el Estado de México, de acuerdo con el OCNF, entre 2005 y 2010 se cometieron 900 homicidios dolosos de mujeres; de éstos, en 57% se desconoce al responsable, en tanto que en 37% el autor fue un familiar, conocido o pareja de la víctima. Además, en la entidad se tienen 99 víctimas no identificadas, lo que para Estrada podría significar que eran migrantes centroamericanas.

Otra entidad con números alarmantes es Jalisco: según datos de la procuraduría estatal, en el último año y medio ha habido 187 mujeres desaparecidas con edades de entre 11 y 17 años…/..

En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez, representante legal de las familias de las víctimas del caso “campo algodonero”, detalla las dificultades para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de cuyos avances el gobierno federal tiene que rendir un informe el próximo 10 de diciembre: el gobierno de Chihuahua no ha publicado la sentencia, la Fevimtra se ha negado a atraer las investigaciones de los casos de desaparición y homicidio de las mujeres localizadas en el campo algodonero en 2001, no se ha sancionado a los funcionarios públicos que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y no se ha investigado ni castigado a quienes hostigan a los familiares de las víctimas.

Otros puntos de la sentencia se refieren a la construcción de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado en las muertes de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González.

“Alejandro Negrín (director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE) informó a David Peña, mi compañero en la defensa de los familiares de las víctimas, que el memorial –que pedimos estuviera en el campo algodonero al que se refiere el caso– no se iba a construir porque es propiedad privada y no se han puesto de acuerdo qué mecanismo seguir para edificarlo, sobre todo porque el gobierno no acepta nuestra exigencia de que se incluyan los nombres de más de mil mujeres que han sido asesinadas de 1993, cuando se denunció el fenómeno, a la fecha.

El gobierno se resiste a que Ciudad Juárez quede marcada no sólo por la violencia producto del narcotráfico sino por los feminicidios. El memorial sería para el gobierno de Calderón el muro de la vergüenza”, dice Salas.

En cuanto a la disculpa pública a la que está obligado el Estado mexicano, agrega la abogada, “se prepara un evento encabezado por Calderón al que se pretende llevar a familiares de las víctimas del campo algodonero” y a deudos de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en Guerrero durante la guerra sucia y por cuyo caso la Corte Interamericana también condenó a México (Proceso 1706 y 1729).

A menos de 30 días de que se cumpla el plazo para que el gobierno federal rinda su informe sobre el cumplimiento de la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, el único avance concreto es la tramitación de indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas por parte de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (Conavim), apunta Salas Ramírez…/..

Los 3 documentos anteriores de los cuales hemos reproducido extractos, creemos que ofrecen una descripción bastante fidedigna de la violencia pasada y presente contra las mujeres en Ciudad Juárez. Sin embargo el retrato más fiel y profundo del horror de los feminicidios de esta ciudad mexicana se encuentra en una obra de ficción: la novela 2666, obra póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño.

Siguiendo la estela del novelista Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas y del cineasta Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, Roberto Bolaño consigue describir el horror ocultado de una época (la de la globalización) a partir de una manifestación paradigmática, en este caso, los crímenes de la ciudad mexicana de Santa Teresa, el nombre literario de Ciudad Juárez. Esta ciudad juega el mismo papel que Congo en la novela de Conrad y Vietnam en la película de Coppola. El propio Bolaño señaló que en su novela había un centro físico y un centro oculto. El primero es, sin duda, Ciudad Juárez, donde convergen todas las historias. Sobre el centro oculto sólo dejó pistas. Una de ellas el propio título, con la marca del diablo (666), el señor del infierno. Otra la cita de Baudelaire al inicio del libro: “Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”. El mismo centro oculto que sugerían el Kurtz de Conrad y el de Coppola cuando exclamaban: ¡El horror! ¡El horror!

Roberto Bolaño había pensado editar su obra en 5 libros diferentes y los editores, con acierto, la han editado en un solo libro. Que no es de lectura fácil, ni igualmente logrado en todas sus partes. No en vano Bolaño hace decir a uno de sus personajes que prefiere las obras ambiciosas, aunque imperfectas (como Moby Dick o El Proceso), a las redondas y perfectas (como Bartleby, el escribiente o La metamorfosis). Por añadidura la novela inicia su andadura por el “desierto de aburrimiento” para ir avanzando, capítulo a capítulo, hasta el centro del “oasis de horror” y, finalmente, sugerirnos que todo “oasis” ha tenido su precedente. Todo ello en una prosa muy bella que, a lo largo de más de mil páginas, nos hace emocionar, comprender y disfrutar.

Los interesados en la vida y la obra de Roberto Bolaño pueden consultar la siguiente página web:

De ella hemos extraído la siguiente biografía:

Una existencia trashumante

Escritor nacido en Santiago de Chile, Bolaño ha llevado una existencia bastante trashumante. A los 15 años estaba viviendo en México, donde comenzó a trabajar como periodista y se hizo trotskista. En el 73 regresó a su país y pudo presenciar el golpe militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia lo reconocieron y lograron que a los ocho días abandonase la cárcel. Se fue a El Salvador: conoció al poeta Roque Dalton y a sus asesinos. En el 77 se instaló en España, donde ejerció (también en Francia y otros países) una diversidad de oficios: lavaplatos, camarero, vigilante nocturno, basurero, descargador de barcos, vendimiador. Hasta que, en los 80, pudo sustentarse ganando concursos literarios.

A fines de los años 90 la suerte empezó a estar de su lado: Los detectives salvajes (1999) obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos, considerado el Nobel de Latinoamérica. Es autor de las novelas, La pista de hielo (1993), La literatura nazi en América (1996), Estrella distante (1996), Amuleto (1999), Monsieur Pain (1999), Nocturno de Chile (2000), Una novelita lumpen (2002) y 2666 (2004), ésta última póstuma; los libros de relatos Llamadas telefónicas (1997), Putas asesinas (2001) y El gaucho insufrible (2003) y los poemarios Los perros románticos (2000) y Tres (2000). También escribió Amberes (2002), que recoge varios textos del autor y Entre paréntesis (2004), un recopilatorio de artículos, conferencias y otros textos publicados en varios medios de comunicación. Murió el 14 de julio del 2003 a consecuencia de una insuficiencia hepática.

Realizarán organismos civiles foro sobre el campo algodonero

Ante la insuficiente respuesta del Estado mexicano y con el propósito de realizar un balance del caso ?del campo algodonero?, organismos de la sociedad civil organizan un foro con el cual propondrán acciones sobre la situación de Juárez.

Debido a que mañana 10 de diciembre se vence el plazo en que el gobierno debería de cumplir con acciones determinadas por la sentencia de la Corte Interamericana, los organismos convocan a dos eventos, uno realizado en el Colegio de la Frontera Norte y otro en la plaza frente a Catedral.

"Invitamos a todas las personas, grupos, organizaciones que quieran sumarse a un balance de fin de año de la situación de Juárez. Este balance es también por la insuficiente respuesta de los tres niveles de gobierno para investigar, resolver y garantizar una vida buena para las personas que habitamos Juárez", señalaron los organismos.

Los eventos darán inicio en el Colef en punto de las 10 de la mañana y hasta las 12 del medio día, mientras que de 12 a tres de la tarde se realizará en la plaza de armas.

Los convocantes son organizaciones de mujeres, defensoras de derechos humanos, comités ciudadanos, médicos y catedráticas.

Hubo más de mil 700 feminicidios en México

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reveló que 532 fueron cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua

Laura Toribio MÉXICO, 08 de Diciembre.- En un año y medio -de enero de 2009 a junio de 2010, al menos mil 728 mujeres fueron asesinadas en 18 entidades del país. En Chihuahua ocurrieron 532 homicidios, 355 tan sólo en Ciudad Juárez.

Mientras en el Estado de México, en cinco años, del 2005 al 2010, se perpetraron 922 asesinatos de mujeres.

La mayoría de estos homicidios se concentran en 10 municipios entidad: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. Casi la mitad de las víctimas tenían entre los 11 y 30 años de edad.

En Jalisco, en tanto, entre enero de 2009 y agosto de 2010 la procuraduría de la entidad tiene el reporte de 385 niñas y mujeres desaparecidas. El 66 por ciento tenían entre 10 y 17 años.

Estos datos se desprenden del reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Cifras que ponen sobre la mesa que en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México existen alarmantes niveles de violencia en contra de las mujeres.

En el informe el Estado de México es señalado como un caso paradigmático en contra de la violencia hacía las mujeres por lo que las organizaciones piden que se declare ya un estado de alerta.

Aprobar este mecanismo contemplado por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia implicaría una situación emergencia inmediata para que se proteja la vida de las mujeres por parte de todas las secretarías de estado, en esta caso las secretarias del Estado de México.

Un estado, en el que acuerdo con las organizaciones hasta hoy, se desconoce quién asesinó al 56.72 por ciento víctimas de los últimos cinco años.

Un estado en el que 99 cuerpos ni siquiera han sido identificados. Un estado en donde las mujeres cada vez son asesinadas con mayor violencia: mueren a causa de traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes o asfixia por uso excesivo de la fuerza.

Siguen autoridades sin cumplir sentencia sobre campo algodonero


A un año de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos en al menos tres de los feminicidios del Campo Algodonero, las autoridades municipal, estatal y federal no han dado total cumplimiento a los resolutivos.

Ante esa situación familires de las víctimas y organizaciones que las representan solicitarán hoy a la Corte realizar una nueva audiencia de supervisión y "sentar de nueva cuenta al Estado mexicano en el banquillo de los acusados".

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y Cedimac–red ciudadana de no violencia, a través de sus voceros señalaron que durante este primer año el Estado mexicano debió reiniciar las investigaciones de la desaparición, tortura y asesinato de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Monreal, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en noviembre del 2001.

Otra de las peticiones era investigar a los servidores públicos responsables de que esos crímenes se mantengan aún impunes, además de publicar la sentencia íntegra en las páginas de internet de los tres niveles de gobierno.

Elaborar una página de internet con la información de todas las mujeres y niñas desaparecidas desde 1993 en el Estado de Chihuahua; crear una base de datos que contenga la información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y crear un Banco Nacional de Información genética.

Entre las peticiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca también el realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad internacional y develar un monumento en memoria de Laura Berenice, Esmeralda y Claudia Ivette y todas las demás mujeres y niñas víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

La organizaciones denunciaron, lo que llamaron un nuevo acto de simulación, que el pasado 8 de diciembre les informaron a las familias González, Monreal, Monárrez y a sus representantes, que los gobiernos local y federal realizarán un evento para "reconocer la responsabilidad internacional del Estado" y colocar la primera piedra del Monumento en memoria de las víctimas.

"Este acto evidentemente fue organizado "al vapor" ya que el gobierno mexicano debe informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el 10 de diciembre las acciones realizadas para cumplir la sentencia", señalaron.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades a las familias, este acto no será público ni lo encabezará el Gobernador del Estado de Chihuahua ni el Presidente de la República, quien por información proporcionada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, no acudiría al evento ante la inseguridad que se vive en la Ciudad y por el temor de una manifestación en su contra.

Por otra parte, en lugar de develar el memorial para las víctimas de violencia de género, los gobiernos local y federal colocarán la primera piedra de un proyecto que aún no está definido y por lo tanto no cuenta con el aval de las familias ni de la comunidad de madres de víctimas de feminicidio, indicaron.

 
Ante esa postura las familais y las organizaciones resolvieron no asistir a dicho evento, solicitar la CoIDH una una audiencia de supervisión, ante el incumplimiento a la sentencia.

Además solicitarán a la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados que informe a la CoIDH sobre el proceso de ejecución de la Sentencia y coadyuve en el impulso de una audiencia pública de supervisión de su cumplimiento y exijir a través de todos los medios legales y políticos a su alcance, al Presidente de la República, al Gobernador de Chihuahua y al presidente Municipal de Ciudad Juárez el cumplimiento de la Sentencia.