lunes, 29 de noviembre de 2010

Denuncian olvido a feminicidios en Juárez

Familiares del caso del llamado 'Campo Algodonero' señalaron que a 11 días de que se cumpla el plazo dado por la CIDH al gobierno mexicano, éste no ha tenido ni contacto con las deudos
 
A más de nueve años de que los restos de ocho mujeres fueron localizados en un predio ubicado en la llamada zona dorada de esta frontera, las madres y familias de las víctimas se mantienen en pie de lucha hasta lograr que el gobierno mexicano encuentre y castigue a los asesinos de sus hijas.

A las madres de las jóvenes asesinadas que reflejan en sus rostros el dolor de haberlas perdido, se han unido otras tantas que en el transcurso de estos años viven angustiadas porque sus hijas han desaparecido y algunas más, que incluso han proporcionado todos los datos posibles para capturar a los homicidas, pero que ven como las autoridades han cometido muchos errores y los han dejado libres.

Todas ellas se sumaron este día para reclamar el cumplimiento de la sentencia que sobre el llamado ¨Caso Algodonero¨ dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.

Por la mañana, las diputadas federales Teresa Incháustegui, Antonieta Pérez Reyes, Adriana Terrazas Porras y Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, de la Comisión Especial para los Feminicidos; organizaciones civiles y madres y familiares de las víctimas se apostaron en el predio, colocaron una ofrenda floral y nuevamente demandaron justicia.

Irma Monreal, madre de Esmeralda Herrera, desaparecida el 29 de octubre del 2001 cuando tenía 15 años y cuyo cuerpo fue localizado en el ¨Campo Algodonero¨, señaló: ¨estoy aquí para recordar el asesinato de mi hija y de otras niñas, vienen conmigo varios integrantes de mi familia para recordarle al gobierno que cumpla con la sentencia¨.

¨Queremos a los responsables de la muerte de mi hija, también esperamos castigos para los servidores públicos que no actuaron, pero en vez de castigarlos los premian con otros puestos públicos, queremos que los crímenes de mi hija y otras niñas no queden impunes¨, expresó.

Las diputadas Incháustegui, Pérez Reyes, Terrazas Porras y Reyes Sahagún, manifestaron que estarán al pendiente del cumplimiento cabal de la sentencia en todos y cada uno de sus términos.

La CIDH estableció que en el lugar debería construirse un monumento en memoria de las mujeres localizadas en ese sitio, pero a 11 días de que se cumpla el plazo establecido no se ha realizado ningún trámite para comprarlo o expropiarlo.

La diputada Terrazas atribuyó el incumplimiento de la sentencia a la indolencia del Estado Mexicano, del Gobierno Federal.

¨Tuvo todo un año para dar cumplimiento, pero el Gobierno federal, instancia que debería de cumplir la sentencia, argumentaba que no había recursos, ni partida para ese fin, e incluso pidió a la Cámara de Diputados .que creará un fondo, pero creo que lo que procede es que este tipo de hechos no deben repetirse¨, agregó.

Malú García, representante de la organización ¨Nuestras Hijas de Regreso a Casa¨, estableció que más allá de las indemnizaciones lo que las familias luchan es por el acceso a la verdad y la justicia.

¨A más de un año la sentencia no ha sido atendida por el desinterés del Gobierno, incluso el nuevo gobierno Estatal ni siquiera se ha tomado la molestia de reunirse con las familias ni con quienes realizaron las investigaciones¨, expresó.

Dijo que el Estado Mexicano no ha cumplido con medidas como son las garantías para que no vuelvan a repetirse estos hechos, un nuevo protocolo para los casos de desaparecidas, el banco nacional de ADN, ni siquiera algo tan sencillo como una página web con las fotos de las jóvenes, ¨tienen las mismas fotos que conocemos desde el 95 hasta el 2007, pero los nuevos casos no se han contado¨.

Denunció que el nuevo protocolo no existe y eso que se tienen reportes de que en lo que va del año hay 37 jovencitas desaparecidas en la zona centro.

Incháustegui dijo que así como está el predio abandonado, el Estado Mexicano ha abandonado el caso, ¨faltan solamente 11 días para el cumplimiento de esa sentencia y todavía no vemos las muestras tangibles de que se vaya a dar cumplimiento¨.

Señaló que la presencia de las diputadas es para darles un abrazo solidario a todas las familias de las niñas y decirles que van a luchar porque esta sentencia se cumpla.

Al terminar el homenaje, las legisladoras se trasladaron a un hotel de la ciudad para participar en el Foro Internacional ¨Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: A un año de la Sentencia del Campo Algodonero¨, en donde se analizó el incumplimiento y las medidas que se tomarán para exigir al Estado mexicano su aplicación.

Castigo para asesinos de nuestras hijas, más que indemnización: Irma Monreal

Madre de víctima, a un año de sentencia de Campo Algodonero

Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada

Ciudad Juárez, Chih, 29 nov 10 (CIMAC).- Más que una indemnización económica, las madres y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, halladas en el predio Campo Algodonero, exigen justicia, “que los asesinos y las autoridades omisas reciban una sanción”.

A nombre de las madres y familias de Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramos, quienes como su hija, Esmeralda Herrera Monreal, fueron asesinadas en esta localidad, Irma Monreal puntualizó que “lo que queremos es castigo para quienes mataron a nuestras hijas y para quienes no hicieron lo que debieron para encontrarlas cuando desaparecieron”.

En el Foro Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un Año de la Sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, subrayó que la sentencia señala que deberá dar una indemnización económica a las tres familias.

También establece atención médica y psicológica para las familias, que a la fecha no han recibido, pero también indica la investigación y sanción para los servidores públicos que negaron el acceso a la justicia para las víctimas, desde el momento en que no iniciaron la indagación cuando fueron reportadas como desaparecidas.

Malú García Andrade, de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó a las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios que “impulse y verifique la sanción a los servidores públicos”, que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familias.

De lo contrario, el mensaje que se sigue enviando es de impunidad para México y también para América Latina, aseveró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), durante su participación en el Foro convocado en esta ciudad.

La sentencia de la CoIDH detalla la reparación del daño enfocada a la vocación transformadora, de pleno goce de derechos humanos, así como a la atención, prevención y sanción para garantías de no repetición.

Sin embargo, no ha habido voluntad política para cumplirla y persiste el feminicidio en el país y en Chihuahua, en esta entidad de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron 271 homicidios dolosos, en los que no pudo determinarse si fue feminicidio, debido a que las autoridades se negaron a dar información acerca de las características de los crímenes.

La realidad nacional es semejante, ya que las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en la simulación “se hace, pero no se hace”.

De acuerdo con la investigación y análisis del Observatorio, con base en información dada a conocer por 11 procuradurías estatales, de las 18 a las que se les solicitó información, de enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 890 asesinatos dolosos contra mujeres, de los cuales 309 se cometieron en el Estado de México.

Además de Chihuahua, los estados que no brindaron información acerca de las características de los homicidios son Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.

Luego de 17 años de haberse conocido esta problemática, el Estado mexicano no cuenta con información precisa, cuando desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableció la necesidad de tener un banco nacional de datos, que permita un diagnóstico de la problemática.

Según la indagación del OCNF, del total de casos de feminicidio, 40 por ciento tenía entre 10 y 30 años de edad. Más de la tercera parte desarrollaba actividades económicas fuera del hogar.

El 58 por ciento de los casos, las mujeres murieron por acciones que implicaron un alto grado de violencia. 5 de cada 10 de las mujeres asesinadas fueron halladas en la vía pública, mientras que al 20 por ciento las encontraron en sus casas.

De los 890 asesinatos dolosos, sólo 40 por ciento recibieron una sentencia, aunque se desconoce si éstas fueron absolutorias o condenatorias.

Lo anterior, permite concluir que la prevalencia del feminicidio en el país se debe, entre otras causas, a una limitada o ausente impartición de justicia, así como a la discriminación de género “que se exacerba debido a la permisividad del Estado mexicano”.

Roxana Arroyo, directora de la Fundación Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, en Costa Rica, refirió que mientras no haya sanción “el camino a la justicia queda truncado”.

Este hecho, impide “la no repetición en México, pero también tiene dimensión en Latinoamérica”. Por lo que es “imperativo” que el Estado mexicano, atienda la sentencia, cuya importancia radica en señalar la transversalidad de la perspectiva de género en la impartición de justicia.

La sentencia refiere una “nueva cultura jurídica, que debe tener transversalización de género, ya que si esto no se logra no se va a reparar a las víctimas y no se garantiza que no se vuelva a repetir.

Además, es un “aporte positivo a la protección de los derechos humanos de las mujeres”, ya que se convierte en la medida “estándar” de cómo se deben cumplir los derechos establecidos en la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

La sentencia de la CoIDH plantea que sin acceso a la justicia sin discriminación y sin igualdad sustantiva en la sociedad, el feminicidio se seguirá repitiendo.

10/GCJ/LR/LGL

CAMPO ALGODONERO EN CIUDAD JUAREZ

LA LLAGA POLÍTICA SIGUE ABIERTA



Realizan plantón ONG´S y diputadas en ofrenda floral a Muertas de Juárez en el Campo Algodonero


CIUDAD JUÁREZ.- Organizaciones Civiles y Disputadas Federales realizaron una ofrenda de flores a víctimas de los feminicidios en la ciudad y cuando está pro cumplirse la sentencia de la Corte Interamericana contra el gobierno mexicano.

El acto se realizo en el Campo Algodonero, donde fueron tirados 8 cadáveres de mujeres en la década pasada. Las flores fueron colocadas junto a los emblemáticas cruces rosas clavadas en la tierra del macabro cementerio clandestino.

Al evento asistieron las diputadas federales María Antonieta Pérez, Adriana Terrazas Porras, Teresa Incháustegui Romero Presidenta de Comisión Especial para los Feminicidios y Maru Andrade, representante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Incháustegui Romero señaló que se trabaja para que se cumpla el fallo de la corte Interamericana de que el gobierno mexicano indemnice a las familias por el reparación del daño, por 13.5 millones, ya que no es ni un día del presupuesto de comunicación social de la presidencia de la republica.

Maru Andrade recalcó y enfatizó en el nulo trabajo del gobierno así como el caso omiso para el esclarecimiento de los crímenes, ya que asegura a pesar de tener un escenario adverso continuaran con su lucha hasta lograr sus objetivo.

Esto a casi un año que la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la Sentencia del caso “Campo Algodonero” que responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes asesinadas en Ciudad Juárez y sus cuerpos encontrados en un campo algodonero de esta frontera.

Explicó que a la federación le corresponde indemnizar a los familiares de las víctimas, mientras que al Estado de Chihuahua será el encargado de edificar el memorial, mientras que al municipio le tocaría otorgar el predio donde se construirá.

“El Gobernador del Estado César Duarte Jaquéz, giró instrucciones para que se hiciera lo que le corresponde al estado y la Secretaria de Gobierno ya firmo convenios con el Gobierno Federal para poner manos a la obra y esperamos que en breve se inicie la consulta para determinar el lugar y la manera en que se realizará este memorial”, comentó la Diputada Terrazas Porras.

Posterior a la ofrenda floral la comitiva se traslado al Hotel Fiesta Inn donde a lo largo del día se llevará a cabo el foro “Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un año de la Sentencia de Campo Algodonero”.

En el tema denominado: La agenda del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la ONU participaron Paz López en representación del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM y Nadine Gasman directora regional de la campaña del Secretario General de la ONU, UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.