Mariana Norandi y Miroslava Breach
Reportera y corresponsal
Reportera y corresponsal
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres calificaron de “histórica“ la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre tres feminicidios en Ciudad Juárez, pero advirtieron que ese fallo no marca el final de un juicio, sino el principio de una lucha contra la impunidad.
Consideraron que, en cumplimiento de dicha resolución, el gobierno mexicano debe separar de su cargo al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez, por sus omisiones en los crímenes de género en dicha ciudad fronteriza durante su gestión como procurador en Chihuahua.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Alma Gómez Caballero, advirtió que el fallo obliga a las autoridades mexicanas y, en particular, a las de Chihuahua a investigar y sancionar omisiones y la negligencia en que incurrieron los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de efectuar las pesquisas sobre los feminicidios, específicamente los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia de la entidad Arturo González Rascón y Jesús José Solís Silva, resaltó.
“La sentencia señala que tienen que ser removidos todos los obstáculos de hecho y de derecho, y una parte importante de cómo se va a implementar ese fallo pasa por la Procuraduría General de la República, ya que el actual titular de la dependencia tuvo participación importante en las omisiones del caso”, sostuvo Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
El fallo, una “inyección de vitaminas”
A su vez, la coordinadora del organismo Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, consideró que el fallo de la CIDH “es una inyección de vitaminas”, pero sólo el primer paso porque hay muchos casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez por aclarar. Mencionó, entre ellos, el de su hija Paloma Angélica Escobar –en proceso de ser admitido en la Corte Interamericana–, el de Minerva Teresa Torres Avendaño y el de Silvia Arce, esta última desaparecida.
Gómez Caballero subrayó que la CIDH ratifica lo que han denunciado los familiares de las víctimas y múltiples organizaciones pro derechos humanos durante años, como negligencia, omisiones y maltrato, tanto en la etapa de denuncia por desapariciones como durante las indagatorias de los feminicidios.
Consideraron que, en cumplimiento de dicha resolución, el gobierno mexicano debe separar de su cargo al actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez, por sus omisiones en los crímenes de género en dicha ciudad fronteriza durante su gestión como procurador en Chihuahua.
La coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, Alma Gómez Caballero, advirtió que el fallo obliga a las autoridades mexicanas y, en particular, a las de Chihuahua a investigar y sancionar omisiones y la negligencia en que incurrieron los funcionarios que tuvieron la responsabilidad de efectuar las pesquisas sobre los feminicidios, específicamente los ex titulares de la Procuraduría General de Justicia de la entidad Arturo González Rascón y Jesús José Solís Silva, resaltó.
“La sentencia señala que tienen que ser removidos todos los obstáculos de hecho y de derecho, y una parte importante de cómo se va a implementar ese fallo pasa por la Procuraduría General de la República, ya que el actual titular de la dependencia tuvo participación importante en las omisiones del caso”, sostuvo Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
El fallo, una “inyección de vitaminas”
A su vez, la coordinadora del organismo Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma, consideró que el fallo de la CIDH “es una inyección de vitaminas”, pero sólo el primer paso porque hay muchos casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez por aclarar. Mencionó, entre ellos, el de su hija Paloma Angélica Escobar –en proceso de ser admitido en la Corte Interamericana–, el de Minerva Teresa Torres Avendaño y el de Silvia Arce, esta última desaparecida.
Gómez Caballero subrayó que la CIDH ratifica lo que han denunciado los familiares de las víctimas y múltiples organizaciones pro derechos humanos durante años, como negligencia, omisiones y maltrato, tanto en la etapa de denuncia por desapariciones como durante las indagatorias de los feminicidios.
