domingo, 10 de diciembre de 2017

'Feminicidios': la imagen del horror

Por Helena Fabré Nadal y Ana Karen León*

El cuerpo como primer lugar de enunciación
En la década de los noventa, Ciudad Juárez se consolidó como la ciudad de maquilas. La exigencia de mano de obra femenina –además de la movilidad migratoria por ser una ciudad fronteriza– rompió con los roles tradicionales: muchas mujeres salieron de sus hogares para trabajar, pese a las pésimas condiciones laborales. A partir de esta misma década comenzaron a aparecer sistemáticamente cadáveres de mujeres en lugares públicos de Ciudad Juárez, por lo que el análisis de la violencia contra las mujeres cambió sus coordenadas espaciales. 1993, concretamente, aunque ya se habían hallado antes diversos cadáveres femeninos, implicó la ruptura de la dicotomía lo privado vs lo público para entender la violencia feminicida. Es decir, se cuestionó la noción de violencia íntima que situaba la violencia contra las mujeres en un espacio único, cuando las circunstancias obligaban a pensar al cuerpo mismo como un territorio en disputa.
La zona desértica Lomas de Poleo, Planta Alta de Ciudad Juárez, mejor conocida como la zona de las Cruces Rosas, simboliza la lucha contra los feminicidios a raíz de los cuerpos encontrados en este lugar. No sólo se recuerda Ciudad Juárez como caso paradigmático de feminicidios en el país, sino que, hoy en día, se recuperan de Chihuahua algunas de estas formas de denuncia que inciden en el territorio a través del cuerpo.
Con los años, la violencia contra las mujeres, no obstante, trascendió a la ciudad fronteriza. Los feminicidios volvieron a ser foco de atención en diversos estados, especialmente el Estado de México. Familiares de mujeres víctimas de feminicidio y activistas lucharon para que se reconociera que al hablar de feminicidios la discusión no sólo fuese en torno a Ciudad Juárez; era una crítica al Estado y la sociedad misma para que reconocieran que la violencia feminicida estaba más cerca de lo que estaban dispuestos a aceptar.
Como resultado de la crisis de feminicidios en el Estado de México y la organización de diversas protestas de mujeres, se retomaron las Cruces Rosas, símbolo de la lucha contra los feminicidios, esta vez en el Bordo de Xochiaca, entre los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, lugar en el que se ha arrojado sistemáticamente cuerpos de mujeres como desechos en las aguas negras. La acción de las cruces replanteó cómo a través de nuestros cuerpos recuperamos aquellos territorios que han sido expropiados a causa de la inseguridad que conlleva ser mujer y transitarlos, es decir, del despojo corporal y territorial al que estamos expuestas.
Manifestaciones artísticas desde nuestro cuerpo-territorio
En este sentido, consideramos la categoría cuerpo-territorio, propia del feminismo comunitario xinca, útil para entender ciertas formas de lucha. Dado que el control social ha implicado la pérdida de autonomía, el cuerpo de las mujeres es de todos antes que de nosotras. Recuperando a las feministas comunitarias se asume, entonces, a los cuerpos como el primer lugar de enunciación: “nuestro cuerpo de mujeres como nuestro primer territorio a recuperar y defender”.
Hacemos referencia a luchas colectivas contra los feminicidios que visibilizan el despojo corporal-territorial que conlleva este tipo de crímenes contra mujeres. Porque en un país en donde los cuerpos de las mujeres son asumidos como desechables, la idea del cuerpo-territorio puede ayudar a dimensionar los significados en torno a diversas acciones colectivas, es-pecialmente aquellas en las que hay una apropiación de espacios de poder. ¿A qué nos referimos con esto? A la ocupación de los lugares en donde la violencia contra las mujeres se produce de manera tal que parece un territorio perdido, como en los casos de Lomas de Poleo o del Canal de Xochiaca, mencionados anteriormente. Muchas han sido las apropiaciones colectivas que se han realizado en nuestro país, las que retomamos en este artículo son sólo algunas de las acciones que se han realizado en los últimos años, e incluso meses, con el fin de que sean experiencias detonadoras que inviten a nuestra lectora, a nuestro lector, a reconocer la diversidad de intervenciones estético-políticas que trascienden, por mucho, lo abarcado aquí.
Las intervenciones como las Cruces Rosas, los performances políticos, los bordados contra los feminicidios y los escraches, nos recuerdan que la lucha política es también una batalla cultural: el construir sentidos comunes diversos, exigiendo el derecho al cuerpo, en este caso, a través de la relación entre la lucha por el territorio-tierra y las luchas estético-políticas contra la violencia feminicida.
El performance, en el que no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo de la obra artística, esa peculiar manera de estar en el espacio público, ha sido retomado por diversas mujeres como una manera para denunciar, a través de su sentir, de su existir, de su palabra, lo que los feminicidios han significado para nosotras. En el caso argentino, en las décadas de los noventa, los performancesinundaron el espacio público como una nueva forma de reclamo y condena, como en las rondes de madres de la Plaza de Mayo todos los jueves. Las luchas de mujeres ha recuperado los escraches y los performances como mecanismo de denuncia social, frente a la denuncia legal que individualiza los problemas. El performance como quiebre de la cotidianidad, y para muchas mujeres el performancecomo un quiebre subjetivo: en donde ellas –las vivas (“vivas nos queremos”) y las aparecidas (“aquí estamos”)– narran en primera persona testimonios de aquellas a quienes les han arrebatado el derecho a la vida, el derecho al cuerpo. Un ejemplo de este ser cuerpo es el performance que se realizó, a cargo de distintas vecinas, activistas y familiares de víctimas del Estado de México, el pasado mes de marzo de 2016, que lleva por nombre Rostros de fuego, del borde a la esperanza(https://www.youtube.com/watch?v=G8FZX6Wvm48&t=3s). Las distintas mujeres que participaron en el performance hacen presente la importancia de recordar la vida de todas aquellas mujeres asesinadas por motivos de género. Ellas no buscaban darnos a conocer una cifra, sino poner su cuerpo para recordar a Jennifer, Aide, Nadia, Ana Patrícia Domínguez, Míriam Robles, Mariana Lima, Etna Be-renice González Rodríguez, Nayelli Hernández Mejía, María Guadalupe, Alejandra, Ilis Estrella, Inés, Lilia Alejandra, Sofía Sánchez Anaya y a Ruth Sonora Somayos. Contrariamente a las instituciones del Estado, que encubre con números cada uno de los nombres de mujeres asesinadas, las participantes ejercen su derecho a narrar a sus compañeras desde sus nombres, sus aficiones y desde sus cuerpos-territorios en el presente, totalmente necesario para reivindicar la justicia ausente en cada uno de sus asesinatos. En definitiva, ejercen su derecho a la autorrepresentación: contar desde el nosotras cómo percibimos y recibimos, en nuestras vidas cotidianas, la violencia feminicida.
Los cuerpos narrados, recordados, son multidimensionales y transcienden los espacios. La iniciativa colectiva Bordamos feminicidios (https://www.youtube.com/watch?v=xERreUe-kPg), en este caso, surge al final del sexenio de Felipe Calderón para visibilizar una vez más que los feminicidios y las desapariciones de mujeres –las principales víctimas del “daño colateral” que anunció Calderón al dar inicio a la llamada guerra contra el narco– van mucho más allá de las cifras. Puntada tras puntada, aparecen los nombres de las mujeres asesinadas o desaparecidas de manera que se crea una respuesta colectiva contra una violencia individualizadora.
Autorrepresentación: el derecho al propio cuerpo
Como decíamos, los cuerpos tejidos, narrados, trascienden cualquier espacio desde el presente. Un ejemplo de la transformación en espacios cotidianos u otros espacios de poder en terri-torios de lucha, es el que surge del acto de tejer los nombres femeninos desde lugares del día a día de cada una de las tejedoras. El tiempo transcurrido en el Metro, el que pasa en una fila de espera o el que una dedica a tomarse un café, se convierte en un tiempo transformador de la manera en que vivimos cada momento determinado. A partir de nuestras manos, los escenarios cotidianos son reapropiados para que podamos pensarlas –pensarnos–, dedicarles –dedicarnos– tiempo a volver a hacer presentes a aquellas mujeres a las que les quitaron sus nombres, sus horas, sus minutos y sus segundos. De esta manera, el nosotras bordadoras y el ellas asesinadas, se convierte un todo expresado desde el aquí y el ahora. La intimidad que cada mujer ejerce desde su bordado puede convertirse en colectividad en el acto de compartir, o invitar, a otras mujeres para que borden entre todas. La autorrepresentación vuelve a hacerse presente, ¿pero a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de autorrepresentación hablamos del hecho de contar nuestra historia. Confrontar las narraciones sobre los feminicidios en las que se encubre la violencia estructural hacia las mujeres hasta el punto de culparlas de sus asesinatos. En estos bordados, las mujeres nos cuentan sus historias, bordando qué y cómo ocurrió el feminicidio y, muchas veces, quiénes eran ellas: en cada puntada hay un pedazo de historia de cada mujer, una afición, un rasgo que la caracterizaba, una mujer representada que acaba diseminándose con la bordadora, de manera que el nosotras y el ellas acaban creando un sujeto femenino que reclama la ausencia de sus compañeras a través de la reconstrucción del tejido y de la memoria colectiva.
Bordamos feminicidios surge de la necesidad de dar a conocer las historias que no cuentan a medias. Bordar los nombres, acompañados en algunos casos de la historia de las mujeres desaparecidas y asesinadas en el país, da la oportunidad de que la narrativa no sólo sea la que se ve en la crueldad del acto, convirtiendo su historia en una nota roja. Los distintos colores y tipos de bordados nos recuerdan la posibilidad de pensar en las víctimas desde la colectividad, desde nuestras sonrisas, nuestras emociones, desde nuestra cotidianidad.
En muchos casos, la desaparición de mujeres, e incluso los feminicidios, ocurren en el tiempo transcurrido entre que las mujeres salen de sus casas hacia sus trabajos o escuelas, o en las horas de viaje de regreso. La vulnerabilidad a la que estamos expuestas, muchas veces aumenta en contextos urbanos: son muchas las mujeres que tienen que hacer largos desplazamientos diarios del Estado de México a la ciudad, transitando espacios que, en la mayoría de casos, carecen de seguridad.
Los destinos diarios de muchas chicas son las facultades y los distintos espacios de Ciudad Universitaria. Estos lugares, transitados por miles de mujeres, se vuelven un espacio que tampoco les garantiza una vida libre de violencias. El acoso en el aula, la inseguridad en los distintos espacios que tantas veces quedan solos y oscuros, la falta de higiene en distintos ámbitos de las facultades, hace que la mujer no pueda sentir propio un espacio dónde acaba pasando, en muchas ocasiones, más horas que las que puede estar en su hogar.
Sabemos que cuando las mujeres deciden ocupar el espacio público –ese espacio masculinizado– mediante distintos mecanismos se les recuerda que no tienen control sobre dicho territorio, mucho menos sobre su cuerpo: desde las invalidaciones de su capacidad académica-laboral por ser mujeres, hasta el acoso sexual que individualiza, sin obviar tampoco, la complicidad de las instituciones que ni siquiera nombran lo que ocurre y mucho menos suelen actuar ante las denuncias. No obstante, frente a este escenario muchas mujeres han creado mecanismos para compartir experiencias en común y crear espacio de denuncia, lucha y resistencia frente a la violencia. Así, los pasillos, las aulas y aquellos espacios en lo que es posible sufrir una serie de violencias en el ámbito universitario por el hecho de ser mujer, son ocupados como territorios de denuncia: desde el “vamos juntas”, mujeres de distintas generaciones, distintas carreras, deciden articularse con el fin de evidenciar lo que nadie ha querido decir: no sólo es romper el silencio desde las consignas, sino, sobre todo, señalar puntualmente a aquellos profesores y alumnos responsables de actos de violencia a través del escrache. Los escraches implican crear alianzas estratégicas entre mujeres; son la recuperación de la denuncia social ante la imposibilidad o el no ver en la denuncia legal un mecanismo eficiente, creando, en cambio comunidad.
La Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria ha presenciado escraches que distintas alumnas de la misma Facultad, conjuntamente con otras compañeras solidarias, han protagonizado. Ellas han ido a buscar al agresor, lo han señalado, lo han nombrado, y le han narrado su historia, esa que todos –incluyendo el agresor– no reconocen como narrativa legítima; se enuncia frente a compañeros y compañeras que es acusado. Los espacios universitarios se transforman en espacios de lucha colectiva. Frente al silencio, la complicidad y la impunidad de los cargos universitarios, nosotras resistimos ante la violencia de la que estos espacios de formación no están exentos. Previo a la violencia, al asesinato, a que nuestro nombre pase a ser una cifra, nosotras gritamos para recuperar nuestros espacios, para juntar nuestras voces y para exigir que vivas y libres nos queremos.
Empero, el derecho al cuerpo que se ha hecho presente en las distintas muestras de luchas estético-corporales en contextos urbanos, es también la reivin-dicación de la autorrepresentación. Frente a la voz pública –estatal-patriarcal–, que en Occidente es considerada la única voz política y por lo tanto legitima en su existir, diversas mujeres ocupan el espacio público –ese lugar en el que se reproduce la narrativa patriarcal desde la construcción misma de la ficción entre lo público y lo privado– para compartir sus narrativas; desafiando el cómo pensar, el cómo sentir, el cómo leer sus propios cuerpos. Cómo pensarnos, cómo sentirnos, cómo leer nuestros cuerpos, en definitiva, cómo autorrepresentarnos 

*Helena Fabré Nadal es graduada en antropología social y cultural por la Universitat de Barcelona. Ha trabajado en las narrativas de la violencia feminicida en el Estado de México, centrándose en la confrontación discursiva entre los relatos oficiales y los de las víctimas. Forma parte del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU-Universitat de Barcelona).
Ana Karen León es integrante de la colectiva Feminista, la cual trabaja en procesos de denuncia de feminicidio en el Estado de México. Sus temas de investigación son violencia política, violencia de género, conflictos armados e historia sociopolítica de Guatemala.

domingo, 26 de noviembre de 2017

Que ninguna mujer se quede callada

Clamor en marcha de la CDMX
En México, siete de 12 feminicidios de AL
Varias organizaciones, entre ellas Voces de la Ausencia y Familias Víctimas de Feminicidios y Desaparición, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalinoFoto Víctor Camacho
JessicaXantomila
 
Periódico La Jornada
Domingo 26 de noviembre de 2017, p. 5
No están solas, corearon las feministas cuando familiares de jóvenes desaparecidas relataron sus casos en el mitin que se realizó ayer por la tarde en el Hemiciclo a Juárez a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
María del Carmen Volante Velázquez, madre de Pamela Gallardo, de 23 años, quien desapareció el 5 de noviembre, aseguró que aunque (mi hija) aparezca voy a seguir en la lucha con las mujeres, para que no sigan desapareciendo, porque dejan destrozadas a familias completas.
Antes del mitin, los colectivos marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. María Teresa, madre de Magaly, dijo que su hija murió hace un año 11 meses víctima de la violencia, y pidió que ninguna mujer se quede callada.
Esther, trabajadora sexual, señaló que muchas quedan olvidadas por ser trabajadoras sexuales. No tienen familia y cuando la delegación se entera de que son sexoservidoras, se van a la fosa común. Son historias tristes, por eso, aseguró que es importante que nos unamos a esta voz, a esta lucha, pues a seguir gritando que no haya más violencia.
El colectivo Pan y Rosas recordó que siete de 12 feminicidios en América Latina se cometen en México. También señaló las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las mujeres, mucho más precarias.
En el mitin también se demandó justicia para la activista Yndira Sandoval y que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez la continuidad de su labor en condiciones de igualdad y seguridad.
La mayoría de las mujeres portaban banderas y camisas moradas. En sus pancartas y consignas expresaron mensajes contra el machismo (La misoginia está matando a las mujeres mexicanasEduquemos desde pequeños, erradiquemos esta violencia) y las autoridades (Queremos viva a todas las mujeres, no más feminicidio, no creemos en sus leyes).
Previamente, al mediodía, otro contingente de madres de mujeres desaparecidas marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo.

lunes, 20 de noviembre de 2017

Norma Andrade junto a las compañeras de Pan y Rosas México

Norma Andrade junto a la delegación de compañeras de Pan y Rosas México en el XI Encuentro Nacional Feminista en #Puebla

domingo, 19 de noviembre de 2017

Reclaman a Javier Corral por incumplir promesas contra la violencia de género

En Chihuahua, 24 feminicidios en nueve meses; impunes, 96% de agresiones
El gobernador presume albergue para mujeres en su primer Informe, pero apenas se inicia obra
Aunque más de la mitad de los asesinatos de mujeres en Chihuahua son cometidos por sus parejas, de las denuncias de violencia familiar sólo seis por ciento llegan a un proceso judicialFoto San Juana Martínez
San Juana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de noviembre de 2017, p. 14
Oaxaca, Oax.
La violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha incrementado por falta de presupuestos, prevención, atención y la negación de un efectivo acceso a la justicia en el primer año de gobierno del panista Javier Corral.
Así lo denuncia Cecilia Espinosa Martínez, de la organización civil Red Mesa de Mujeres, encargada del acompañamiento de víctimas, al señalar que para atender las 24 mil 441 indagatorias de violencia contra las mujeres que existen en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), sólo hay 16 ministerios públicos y siete policías de investigación.
Si hacemos un balance de la carga de trabajo a cada Ministerio Público le tocan mil 500 carpetas de investigación. Eso es inhumano para ellos y es, también, imposible dar respuesta a los casos, dice en entrevista con La Jornada,en el contexto del encuentro de la Red Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que agrupa a más de 600 mujeres, celebrado en esta ciudad y organizado por Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC, dirigido por la abogada feminista Yésica Sánchez Maya.
Zona de enganche y trata
El caso de Ciudad Juárez preocupa a las organizaciones civiles porque Chihuahua forma parte de la lista de las 19 rutas de trata de personas que existen en México, particularmente como lugar de enganche, algo que ha aumentado el número de desaparecidas y feminicidios.
En campaña, el panista Javier Corral Jurado se comprometió a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, pero no ha cumplido sus promesas debidamente y tampoco ha recibido a las integrantes de Mesa de Mujeres. “Como titular del Poder Ejecutivo estatal firmó la declaratoria de Chihuahua por las Mujeres, pero en el seguimiento ni siquiera se ha sentado con nosotras. Nos sentimos bastante inquietas y preocupadas porque no ha incrementado los presupuestos que se requieren.
“Durante su campaña electoral, Corral dijo: ‘demos a Juárez lo que le corresponde’, por toda la situación de violencia con-tra las mujeres; sin embargo, no estamos viendo ni siquiera diálogo, ni el resultado que esperábamos tener ni el compromiso del gobernador para operativizar sus promesas. Ciertamente, sus palabras no se traducen en hechos”, señaló.
Sin dinero, sin resultados
La falta de presupuestos para combatir los altos índices de violencia contra las mujeres se traduce en falta de resultados e impunidad, cuyo nivel de es muy grande. Existe 94 por ciento de impunidad en las denuncias de violencia familiar, sólo seis por ciento llegan a un proceso judicial. El goberna-dor y demás funcionarios firmaron la declaratoria Chihuahua por las Mujeres, en la cual uno de los compromisos es garantizar los presupuestos destinados a combatir la violencia de género, pero no se ha cumplido.
En el año 2017 la Fiscalía Especializada de la Mujer recibió 12 millones para todo el estado de Chihuahua y la proyección para el año próximo de presupuesto es de 19 millones: Solamente incrementaron un poco de más de 6 millones, pero según lo que nos han dicho, al menos se requiere un aumento de 42 millones para contratar adicionalmente 25 ministerios públicos y 30 policías investigadores a fin de abatir el rezago y la carga de trabajo que tienen, dijo Espinosa Martínez.
La Red Mesa de Mujeres da seguimiento a los presupuestos en Ciudad Juárez y según las estadísticas, del mes de enero al 18 de septiembre de 2017, se han registrado 24 casos de feminicidio, de los cuales, 15 fueron cometidos por sus parejas sentimentales.
Esto quiere decir que la situación de violencia contra las mujeres es una de las principales causas de los feminicidios. Al compararlo con la carga de trabajo que tienen los ministerios públicos encargados de la violencia familiar con mil 500 carpetas cada uno, nos damos cuenta que no se está previniendo la violencia como una de las principales causas de asesinato perpetrados por sus parejas o familiares. Las mujeres están en una situación de bastante riesgo.
A pesar de no haber cumplido sus promesas, el gobernador Javier Corral presumió un albergue para mujeres en su primer informe de gobierno, que ni siquiera está terminado.
Nosotras fuimos a verificar que ya estuviera listo, según lo anunciado por Corral, y nos dimos cuenta de que todavía está en proceso de construcción. Los trabajadores nos dijeron que apenas estaban empezando la obra. Creemos que el gobernador no debe incluir en su informe algo que todavía no existe.
El gobernador Corral, que durante su campaña enarboló la bandera de las llamadas muertas de Juárez, se comprometió con las cientos de madres de mujeres desaparecidas y asesinadas, pero tampoco les ha cumplido:
Vemos que no ha dado respuesta a las demandas. Las mamás de mujeres desaparecidas y asesinadas que acompañamos tuvieron una reunión con él y le pidieron varias cosas que aún no ha cumplido.
El Navajo
Entre las promesas incumplidas por el gobernador Corral Jurado se encuentra dar celeridad y certeza al proceso judicial que se sigue por el caso llamado Arroyo El Navajo
Cecilia Espinosa Martínez, explica: Sobre la coordinación del grupo de investigación para el Valle de Juárez del caso Arroyo El Navajo, se le solicitó que hubiera una coordinación y las mamás nombraban a uno de los ministerios públicos para que fuera el coordinador, sin embargo, hasta el momento sigue sin coordinación ese grupo.
El juicio histórico de este caso continúa luego de que un número indeterminado de jóvenes fueran desaparecidas, secuestradas en la zona centro de Ciudad Juárez entre los años 2009 y 2010 y después de un año, sus huesos aparecieron en ese cauce seco del Valle de Juárez, a 10 kilómetros del pueblo El Provenir, ubicado a 77 kilómetros de la capital de Chihuahua, lugar donde se han encontrado los restos de 26 mujeres.
El juicio histórico de este caso empezó a finales de 2014 y en junio de 2015 se presentó la primera sentencia condenatoria contra cuatro personas, luego se abrió otro procedimiento para vincular a dos personas más, que fueron sentenciadas y ahora se abrió una tercera etapa del juicio, que está finalizando.
El tribunal oral del distrito judicial Bravo sentenció a 697 años de prisión a cada uno de los feminicidas, con una reparación del daño por 839 mil 274 pesos para los familiares de las primeras 11 víctimas.
Queremos que por todos los restos que fueron localizados sea vinculados a proceso. Hasta ahora hay sólo 12 casos que se han llevado a proceso judicial; sin embargo, existe 26 identificaciones, es decir, faltan las otras 14 mujeres que se han hallado en el mismo lugar. Necesitamos saber si los vinculados y sentenciados también participaron en la sustracción, retención, explotación sexual y el asesinato de ellas, dice Cecila Espinosa Martínez.
Añade: Sabemos que en el caso del Arroyo del Navajo, aun cuando hay cinco sentenciados y otras personas vinculadas, es un proceso donde se requieren acciones eficaces en materia de investigación, sobre todo en el vínculo de autoridades de los tres niveles del gobierno y del Ejército mexicano involucrados en los hechos. Hay 14 víctimas que no han recibido acceso a la justicia.
El grupo de investigación fue atacado el pasado 27 de octubre, cuando tres de los policías de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que se ocupan del caso del Arroyo El Navajo, se dirigían al pase de lista y recibieron disparos en el cruce de las calles Uganda y Génova, en la colonia Praderas de los Oasis, Ciudad Juárez. Fueron asesinados Pedro Valadez Rodríguez, de 25 años, quien apenas llevaba nueve meses en la institución, y Héctor Manuel Montañés Ríos, de 45 años, con seis de trabajo en esa fiscalía, y una agente resultó herida.
Espinosa Martínez insiste en la importancia de reforzar este grupo de investigación y la exigencia al gobernador Corral de incrementar el presupuesto para lograr resultados, ya que el nuevo sistema penal acusatorio solamente funcionará con 61 por ciento de perspectiva de género.
Si somos 50 por ciento de la población del estado de Chihuahua, al menos 50 por ciento del presupuesto tendría que irse al tema de mujeres: desarrollo, empleo, justicia, combate a la violencia. El incremento de este año fue de 1.7 por ciento para el tema de mujeres. Necesitamos que realmente haya un compromiso del gobernador Corral Juárez, desde el presupuesto, porque la trasversalidad de la perspectiva de género implica garantizar que van a funcionar las sanciones por los delitos de la violencia contra las mujeres.

lunes, 13 de noviembre de 2017

CNDH: en México, siete feminicidios cada día

Urgen políticas públicas para frenar ataques contra mujeres, dice
Llama a los estados a dar la importancia requerida a alertas de violencia
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 13 de noviembre de 2017, p. 4
Cuando los representantes de los tres niveles de gobierno reconozcan que en varias zonas del país existe un grave problema de violencia feminicida, será posible contrarrestar estos delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Datos del organismo indican que esta problemática se ha incrementado en los pasados tres años en territorio nacional. Actualmente en América Latina se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de éstos, siete son en México.
En entrevista con La Jornada, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes, particularmente a las estatales, a considerar como una herramienta las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), más que como un golpe político.
A la fecha existen 28 procedimientos de AVGM en 27 entidades del país (hay dos procesos en Veracruz). Esto es, en casi 85 por ciento de las entidades federativas se considera que existe un contexto de violencia feminicida.
De este total, en 12 entidades ya son alertas declaradas por violencia feminicida (estado de México, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, uno de los dos en Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo); cinco están en plazo de cumplimiento de seis meses (Jalisco, Campeche, Zacatecas, el otro de Veracruz y Yucatán).
El diagnóstico de la CNDH sobre el seguimiento a las Alertas de Género, que se presentó hace un par de semanas, agrega que en cuatro entidades (Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México) acaban de iniciar los procesos para emitir la declaratoria, y en siete se determinó no declarar la alerta (Baja California, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Puebla y Tabasco). En tanto, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo aún no cuentan con un proceso de AVGM.




El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, asegura que en los pasados tres años aumentó la violencia feminicidaFoto Carlos Ramos Mamahua
Los gobiernos locales deben ver que dicha alerta es una herramienta que no busca dañar, sino contribuir a la solución del problema. (Algunos lo consideran un golpe político) porque se malentiende. Pareciera que es un reproche hacia el pasado, pero es más bien una propuesta hacia el futuro, enfatizó el ombudsman nacional.
La forma de erradicar estas agresiones, dijo, es mediante el impulso de políticas públicas, generar una cultura de igualdad en la sociedad y establecer acciones que permitan que los ambientes y condiciones en las entidades donde se presenta el problema sean seguros para las mujeres. En ese sentido, manifestó que la CNDH está en la total disposición para coadyuvar en la resolución.
Lamentó que pese a la situación que se vive en Puebla, donde hasta septiembre de este año se habían presentado 83 feminicidios, aún no haya una declaratoria de AVGM, por lo que exhortó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres –instancias federales que forman parte del mecanismo de revisión de los procesos de alerta– a analizar a detalle el caso en esa entidad.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 indican que en México casi siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual. Son 10 las entidades que presentaron números por encima de la media nacional: en Ciudad de México, casi ocho de 10 mujeres (79.8 por ciento) declararon haber sufrido al menos una situación de violencia; en el estado de México lo reportó 75.3 por ciento; en Jalisco 74.1; en Aguascalientes, 73.3; en Querétaro, 71.2; en Chihuahua, 66.3; en Yucatán, 66.8; en Durango, 66.6; en Coahuila, 66.3, y en Baja California, 66.2 por ciento.

lunes, 16 de octubre de 2017

Norma Andrade en Barcelona


Norma Andrade es una mujer que vivía en Ciudad Juárez, México. Su hija Lilia Alejandra fue asesinada en 2001 y desde entonces denuncia los feminicidios que se producen en México, lo que le ha costado numerosas amenazas.

Estará presente en el festival "Susurros del México Olvidado", contando de cerca sus experiencias.
MESA DE DEBATE: QUÉ SIGNIFICA DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Jueves 19 de Octubre 2017
18 horas
CC Convent Sant Agustí
ENTRADA LIBRE


Más información del evento https://taulapermexic.org/festival-susurros/dialogos-susurros/ 

domingo, 15 de octubre de 2017

martes, 10 de octubre de 2017

Cada 24 horas, un feminicidio

Según los datos registrados por los gobiernos estatales, en 2013 se abrieron 313 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidios; 2014, 322, y en 2015, 755

08/10/2017 09:22  MARCOS MUEDANO



CIUDAD DE MÉXICO
Los ministerios públicos de proc u r a d u r í a s y fiscalías de 25 entidades abrieron mil 390 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el feminicidio de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país, entre los años 2013 y 2015. Los asesinatos de odio cometidos durante este periodo equivalen a un feminicidio cada 24 horas.
Un reporte del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) indica que los homicidios de género en contra de mujeres fueron registrados en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de los años correspondientes, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según los datos registrados por los gobiernos estatales, en 2013 se abrieron 313 averiguaciones previas o carpetas de investigación por feminicidios; 2014, 322, y en 2015, 755. La cifra registrada durante 2015 representa un incremento de 122%, si se compara con el año anterior.
La información de Inmujeres indica que 29% de los crímenes durante este periodo se cometió en Morelos, donde se abrieron 415 expedientes. Le siguen la Ciudad de México, 129; Chiapas, 128; Estado de México, 107; Jalisco, 95, y Veracruz, 94.
Otros estados en los que se iniciaron carpetas de investigación por asesinatos de odio son: Oaxaca, 84; Guanajuato, 56; Sinaloa y Sonora, 47 por cada entidad; Tabasco, 32; Campeche, 23; Querétaro, 17; mientras que en San Luis Potosí, 15 casos.

OMITEN PROTOCOLOS

Los datos del Instituto Nacional de Mujeres indican que algunas entidades federativas no reportaron feminicidios o, incluso, omitieron proporcionar la información al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre los años 2013 y 2015.
La base de datos consultada por Excélsior muestra que siete entidades, a excepción de Chihuahua, la cual no tiene tipificado el delito de feminicidio en su Código Penal, no registraron ningún asesinato de género en contra de mujeres entre los años 2013 y 2015.
Tal es el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala, donde a pesar de que organizaciones de la sociedad civil y la prensa local han reportado y documentado los feminicidios, en las fiscalías y procuradurías no existe ningún registro.
Además de la falta de carpetas de investigación por feminicidio, otras entidades, entre ellas el Estado de México, Veracruz, Colima, Jalisco y Oaxaca, omitieron presentar información al Inegi en algunos años, por lo que las cifras pueden ser mayores.
Especialistas en el tema y organizaciones internacionales explicaron que la inadecuada investigación de las autoridades en los homicidios no permite dimensionar la realidad del país, al no existir registros exactos de los crímenes cometidos en las 32 entidades federativas.
Los registros oficiales no reflejan, en absoluto, la realidad de los feminicidios. Un ejemplo es el caso de Lesvy, la joven encontrada sin vida en un campus de la UNAM. No se investigó como una muerte violenta, por lo que la Procuraduría dijo que fue un suicidio. Las autoridades están obligadas a investigar todas las muertes violentas como feminicidio, y a partir de ello, comprobarlo o descartarlo”, comentó Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una de las peticiones que la sociedad civil ha impulsado es que las procuradurías investiguen los casos, como feminicidios, no como homicidios. El año pasado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un estudio de feminicidios en América Latina, el cual menciona que México no tiene cifras, porque cada entidad tiene una tipificación distinta, y en segundo lugar, no se están investigando casos, lo que impide tener una visión clara”, comentó Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional.
El informe de la Cepal, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que en México “31 códigos penales de las entidades federativas (CPEF) del país, con excepción de Chihuahua, han tipificado el delito de feminicidio. No obstante, las definiciones no son homogéneas; en este sentido existen desafíos para analizar directamente los feminicidios a nivel local”.
La falta de aplicación de los protocolos por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia continúa a pesar de que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la falta de investigación y omisiones por la desaparición, maltrato y homicidio en Ciudad Juárez de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González.
En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades investigar el homicidio de Mariana Lima como feminicidio. El fallo de la Primera Sala menciona que es obligación de las áreas de investigación realizar una indagación, con perspectiva de género y sin discriminación, de todas las muertes de mujeres hasta establecer si se trata o no de un feminicidio.
Tenemos casos como el de Mariana Lima, en el que las autoridades argumentaron un suicidio, a pesar de que tenía cuestiones de que se podía evaluar como feminicidio, de ahí que el caso llegara a la Suprema Corte y determinara que todas las muertes violentas de mujeres deben de investigarse como feminicidio para ir descartando que fue así”, explicó Tamara Medina.
Ambas especialistas comentaron que la falta de registros sobre los feminicidios impide aplicar políticas públicas para prevenir y evitar más asesinatos de odio.
Al no conocer el fenómeno de feminicidio en el país no se pueden realizar investigaciones y aplicar políticas públicas para prevenirlo. No se pueden hacer programas porque las estadísticas que las autoridades proporcionan no son exactas. Hace unos años se pedía que existiera el tipo penal de feminicidio para hacer políticas públicas, sin embargo, las autoridades no lo investigan correctamente, no entienden lo que es un feminicidio”, dijo Lucía Núñez.

El hecho de que no se documenten adecuadamente los feminicidios impide su prevención, además de que prevalece una violencia estructural e institucional de minimizar la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujer”, explicó Tamara Medina.

martes, 19 de septiembre de 2017

La violencia de género, al alza en Chihuahua


Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 19 de septiembre de 2017, p. 41
Ciudad Juárez, Chih.
Sesenta y cuatro mujeres han sido asesinadas este año en Ciudad Juárez; tres de ellas en las 24 horas recientes; de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), esta cifra rebasa la de todo 2016, cuando sumaron 56. La mayoría de las víctimas eran menores de 30 años.
La noche del domingo una mujer de 40 años murió junto con tres hombres al ser atacados con rifles de asalto en la colonia Villas del Sur.
Mientras, cerca de las 23 horas del domingo, en el fraccionamiento Portal del Valle, un sujeto ingresó al domicilio de una mujer y le disparó.
El tercer caso es el de una mujer encontrada en un barranco de la colonia Hermenegildo Galeana, cerca de la zona centro. Tenía huellas de violencia sexual.
En Ciudad Juárez, este año se ha reportado la desaparición de 18 mujeres ante la unidad de personas ausentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres.
De los 64 homicidios documentados en 2017, sólo en 16 casos hay detenidos.
La FGE refiere que a partir de que se inició el registro de violencia contra mujeres (1993) se han reportado mil 575 asesinatos.
Apenas el pasado 13 de septiembre el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para tipificar el feminicidio, lo que habían exigido durante años activistas y organizaciones defensoras de mujeres.
Se agregó el artículo 126 bis, el cual estipula una pena de 30 a 60 años de prisión, y 20 más si la víctima es menor, está embarazada o es adulta mayor, entre otras condicionantes.

lunes, 18 de septiembre de 2017

Exigen declaratoria de emergencia nacional contra los feminicidios

Marchan en Ciudad de México miles para pedir justicia por el asesinato de Mara Castilla
Aspecto de la marcha del Zócalo a las instalaciones de la Procuraduría General de la RepúblicaFoto Víctor Camacho
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de septiembre de 2017, p. 5
Una vez más, miles de mujeres salieron a las calles para demandar justicia por otro caso de feminicidio, esta vez el de la estudiante Mara Fernanda Castilla. Con indignación, las manifestantes reprocharon ‘‘la incapacidad’’ de las autoridades para proteger a las mujeres en México, donde cada día –de acuerdo con diversos datos– siete son asesinadas.
Marcharon del Zócalo de Ciudad de México a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde enfatizaron que ante la falta de resultados en las medidas implementadas por el Estado mexicano para garantizar la seguridad de las mujeres, y frente la permanente y lacerante violencia machista, es urgente implementar una declaratoria de emergencia nacional contra el feminicidio.
‘‘Exigimos que se active una alerta de género nacional. Tal mecanismo deberá contar con recursos suficientes para operar un plan de acción que contemple los distintos tipos de violencia feminicida identificada geográficamente, y deberá actuar en coordinación con la sociedad civil.
‘‘No queremos repetir las experiencias de alerta de género fallidas por carecer de recursos y sistema para operar. Basta de simulación en los protocolos de defensa de derechos’’, señalaron en un pronunciamiento que se leyó al finalizar la movilización.
También demandaron la activación de la alerta de género en Puebla y una audiencia pública del movimiento de mujeres con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, invitaron a todas las mujeres de Ciudad de México a sumarse a una reunión de coordinación y trabajo el sábado 30 de septiembre a las 11 de la mañana en las islas de Ciudad Universitaria.
Convocada casi de un día para otro en redes sociales, la movilización –que se inició poco después del mediodía– sumó de acuerdo con las organizadoras 4 mil manifestantes, aunque autoridades capitalinas hablaron de 2 mil. Mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres protestaron por el feminicidio de Mara, cuyo cuerpo sin vida se encontró el 15 de septiembre, siete días después de que desapareciera cuando al salir de un bar en Cholula, Puebla, abordó un taxi de la empresa Cabify, conducido por Ricardo Alexis Díaz López.
La rabia y la frustración ante la impunidad en la que, dijeron, se encuentran miles de crímenes contra las mujeres en el país hizo gritar decenas de consignas a las y los manifestantes: ‘‘Ni una más, ni una asesinada más’’, ‘‘Justicia’’, ‘‘Vivas las llevaron, vivas las queremos’’, ‘‘No es no’’, ‘‘Señor, señora, no sea indiferente, asesinan a mujeres delante de la gente’’, ‘‘No, no no. No es un hecho aislado, los feminicidios son crímenes de Estado’’, ‘‘Verga violadora, a la licuadora’’.
A lo largo del trayecto, cientos de mujeres narraron los distintos tipos de violencia que a diario sufren. Agresiones sicológicas, acoso y hostigamiento sexual y laboral, violencia familiar, desapariciones, violaciones sexuales, tocamientos, miradas lascivas, falta de oportunidades iguales a los hombres en el ámbito profesional y feminicidios, entre otras muchas otras.
Carteles, mantas, sus rostros y sus cuerpos sirvieron como pergaminos en los que expresaron su sentir ante éste y otros feminicidios: ‘‘De camino a mi casa quiero ser libre, no valiente’’, ‘‘Si me matan, no es mi culpa’’, ‘‘Muera el machismo’’, ‘‘Mara no falleció, a Mara la asesinaron’’, ‘‘Harta de vivir con miedo’’.
Los carteles que portaban un joven y un hombre de unos 45 años resumieron el apoyo a las mujeres: ‘‘El feminismo es una lucha de todos’’ y ‘‘Quiero que mi hija viva segura’’. Una mujer atrajo también las miradas, pues su manta parafraseaba a lo expuesto en el Informe de Enrique peña Nieto: ‘‘Porque lo malo también cuenta, y cuenta más’’.

Repudian en 11 entidades asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla

  • Alerta de género a escala nacional, exigencia central en todas las movilizaciones
  • En Xalapa, su familia expresa: ‘‘No queremos más pésames; no queremos ni una más’’
Mujeres se manifestaron contra la violencia frente al Teatro Degollado, en Guadalajara.Foto La Jornada
En la imagen, una de las muestras de inconformidad en Ciudad de MéxicoFoto Víctor Camacho
De los corresponsales
 
Periódico La Jornada
Lunes 18 de septiembre de 2017, p. 4
Miles de ciudadanos se manifestaron este domingo para repudiar el asesinato de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en la ciudad de Puebla. Las protestas se realizaron en los estados de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México con la exigencia central de que se decrete la alerta de género a escala nacional.
En Xalapa, Veracruz, de donde era originaria Mara Fernanda, su familia encabezó la marcha dos horas después de que la joven fue sepultada. La protesta se inició a las 16 horas en la explana del Teatro del Estado; posteriormente caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho y concluyeron el acto en el Monumento a la Madre.
Ahí, Karen Castilla, hermana de Mara, dijo que el asesinato ‘‘es un feminicidio; mi familia y yo estamos desechos, pero queremos justicia para ella y para todas las personas desaparecidas. ¡No queremos más pésames, no queremos ni una más!’’, expresó.
Gabriela Miranda, madre de Mara, dijo que la muerte de su hija ‘‘es una emoción muy dura y pensé que nunca iba a pasar, porque pensé que mis hijas iban a ser quienes me enterraran a mí y no al revés.
‘‘Busco justicia no sólo para mi hija Mara, que tuvo la fortuna de contar con ustedes para ser encontrada, cuando sabemos que hay muchísimos casos de mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos que viven en la incertidumbre de no encontrar a uno de sus familiares’’.
Pidió a las autoridades de todo el país detener este tipo de crímenes. ‘‘Ojalá que con la partida de mi hija Mara se pueda dar un gran paso para que esta situación termine. Que Mara sea la última’’, manifestó.
Tras el mensaje de la familia de Mara, la marcha –con más de 5 mil personas vestidas de blanco– continuó su trayecto hasta la Plaza Lerdo, frente a palacio de gobierno, donde exigieron justicia a las autoridades.
El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, emitió un comunicado en donde lamentó el feminicidio de Mara Castilla y se sumó a la exigencia de justicia.
En la ciudad de Puebla, donde fue asesinada Mara, también se realizó una marcha. En un posicionamiento, los colectivos participantes informaron que en Puebla 83 mujeres han sido asesinadas en lo que va de este año.
La movilización se realizó dos días después de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget, confirmó el asesinato de la estudiante de 19 años de edad, tras siete días de especulaciones sobre su desaparición.
Por lo que hace a Chihuahua, un grupo de mujeres protestó en la Cruz de Clavos, ubicada frente a palacio de gobierno en la capital estatal en memoria de las muertas de esta entidad, donde exigieron justicia por el asesinato de Mara Castilla.
Asimismo, en Ciudad Juárez, activistas y catedráticas universitarias repudiaron los feminicidios y desapariciones de mujeres que se vienen repitiendo en todo el país.
Por otra parte, en Coahuila, decenas de estudiantes, amas de casa y trabajadoras corearon durante una marcha por calles del centro de la ciudad de Torreón: ‘‘¡Las mujeres de La Laguna no queremos muerta a ninguna!’’
En Jalisco, un contingente de casi mil personas, con fotografías de personas desaparecidas, se manifestó en el centro de Guadalajara para repudiar el crimen cometido contra Mara Fernanda.
A la vez, decenas de mujeres marcharon en el Centro Histórico de Morelia, Michoacán, donde activistas aseguraron que en esta entidad han sido asesinadas este año 109 mujeres.
Alto a las agresiones
Las protestas se repitieron en León, Guanajuato; Oaxaca, Oaxaca; San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en Mérida, Yucatán; los cientos de participantes vistieron de blanco y la demanda central fue justicia por el homicidio de Mara Fernanda Castilla, así como un alto a las agresiones contra mujeres.
El cuerpo de la joven Mara Castilla Miranda fue localizado el pasado 15 de septiembre en un predio de la comunidad de Santa María Xonacatepec, municipio de Puebla, con rastros de agresiones físicas y sexuales.
La fiscalía de esa entidad responsabilizó del asesinato a Ricardo Alexis N, chofer del servicio de transporte Cabify, mismo que utilizó la joven para trasladarse a su domicilio la madrugada del 8 de septiembre.
(Eirinet Gómez, Mónica Camacho /La Jornada de Oriente;Carlos García, Ernesto Martínez, Rubén Villalpando, LeopoldoRamos, Juan Carlos G. Partida, Elio Henríquez, Jorge A. Pérez Alfonso y Luis A. Boffil)

Creciente la participación de organizaciones en marcha vs feminicidios

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Aristegui y Lydia Cacho se manifestarán el martes en Puebla vs. Feminicidios.
Las periodistas Carmen Aristegui y Lydia Cachoparticiparán el martes 18 de octubre en una protesta contra los feminicidios que se realizará en la ciudad de Puebla.
La manifestación está siendo convocada a través de las redes sociales por miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).
En el cartel que circula a través de Facebook y Twitter recuerda que en el sexenio que encabeza el panista Rafael Moreno Valle se han cometido 300 asesinatos de mujeres -tan sólo este año se han perpetrado 68 feminicidios- y desde 2012 están reportadas en Puebla 70 desaparecidas.
Una marcha está convocada a partir de las 13:00 horas. Se originará en la Facultad de Computación Ciudad Universitaria, recorrerá ese campus y luego se encaminará hacia el Parque Benito Juárez, en la Zona Dorada de la capital poblana, a un costado del edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En la movilización participarán colectivos de la Ciudad de México, Cuernavaca, Xalapa, Orizaba y otras ciudades de la República Mexicana.
La participación de Carmen Aristegui y Lydia Cacho Ribeiro se hará a través de un mensaje que se transmitirá por video.
Por el número de feminicidios cometidos Puebla es el noveno estado del país, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); el segundo lugar en trata de mujeres a nivel nacional, según la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de personas de la PGR (Fevimtra), y el primer lugar en casos de mujeres desaparecidas, según la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Lo anterior lo ha remarcado la “Red Retoño” al contabilizarse en Puebla el feminicidio número 66 en lo que va del año y el cuarto en cinco días.

Ante la situación de violencia contra la mujer que prevalece en Puebla, la Red que busca la prevención social de la delincuencia organizada y que cuenta con el apoyo de la representación de la delegación de la Unión Europea en México exigió al gobierno del estado de Puebla atender las obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y demandó de forma urgente la activación de la alerta de violencia contra la mujer.