miércoles, 13 de noviembre de 2013

Por amenazas de muerte Defensora de Derechos Humanos teme por su vida y la de su familia

Por amenazas de muerte Defensora de Derechos Humanos teme por su vida y la de su familia

BOLETÍN DE PRENSA 




Malú García Andrade, integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación que lucha por combatir el feminicidio en Ciudad Juárez, quien a partir del asesinato de su hermana Lilia Alejandra García Andrade, en 2001, se convirtió en Defensora de Derechos Humanos, y al igual que otras integrantes del grupo ha recibido múltiples y diversas amenazas de muerte para ella y sus hijos,  lo cual la obligó a abandonar su hogar en su natal ciudad y radicar en la Ciudad de México, donde ha continuado su activismo de apoyo a las familias víctimas del feminicidio; a pesar de las  continuas agresiones y amenazas, gradualmente se le han ido retirando las medidas cautelares que le habían otorgado las autoridades federales por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este hecho la pone a ella y a sus hijos en mayor vulnerabilidad e incrementa  el riesgo de perder la vida; ante esto, hacemos una cordial invitación a los diferentes medios de comunicación, para que la acompañen a la rueda de prensa que ofrecerá mañana jueves 14 del presente mes y año a las 12:00 horas, en las oficinas de CENCOS, en Medellín 33, Roma Norte, Ciudad de México, Distrito Federal, donde se dará a conocer un pronunciamiento, ante la  negligencia de las autoridades al negarles la seguridad a Malú García Andrade y familia, pese a las constantes amenazas.

En el mes de julio de este año Malú junto con un grupo de madres de mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez, realizaron un plantón en las afueras de la Secretaría de Gobernación; luego de eso, las amenazas de intensificaron y la respuesta del Gobierno ha sido ordenar que se le retire la seguridad bajo el argumento de que no es necesaria esta medida.

En los últimos meses le han ido reduciendo el número de escoltas que habían sido asignados para la seguridad de ella y sus hijos, a pesar de la acción urgente que emitió Amnistía Internacional donde se solicita al Estado Mexicano garantice la seguridad de ella  y su familia.

El pasado 28 de agosto se tuvo una reunión con autoridades donde se acordó que se realizaría un análisis de riesgo para determinar si su vida y las de sus hijos están en peligro, y dependiendo del resultado el servicio de seguridad continuaría; sin embargo, el lunes 4 de noviembre se retiró a otro escolta.  

El 13 de junio de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) ordenó al Gobierno Mexicano las medidas cautelares MC 147/08 a favor de Marisela Ortiz, María Luisa (Malú) García Andrade integrantes de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” y sus respectivos núcleos familiares.  En marzo de 2012, la CIDH decretó la ampliación de medidas cautelares a favor de Norma Esther Andrade, Jade García Andrade, Kaleb García Andrade, Sarahí Bustos Andrade y Brayan Bustos Andrade, estos dos últimos hijos de Malú García Andrade, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su informe presentado a la CIDH menciona  que “sin perjuicio del alto grado de complejidad de estas medidas cautelares dado el gran número de beneficiarios, el gobierno de México continúa implementando acciones para asegurar su vida e integridad personal, y mantiene oportunamente informada a la CIDH de los pormenores del caso”.

El pasado mes de junio, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDHONU), reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de  2012. El mismo informe revela que en los últimos siete años, 66 defensores de derechos humanos y luchadores sociales fueron asesinados sin que las autoridades tomen medidas para evitar que estos crímenes se sigan reproduciendo, y en el 51% de estos casos no se ha podido identificar a los agresores; el 22% son actores no estatales; el 14% son operadores de justicia, el 8% de autoridades municipales y el 5% de autoridades militares. El representante en México  de la OACDHONU, Javier  Hernández Valencia, señaló que los propios “servidores públicos se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos”,   y que a la fecha no hay progreso en los más de 180 casos de agresiones contra derecho humanistas mexicanos que ha documentado ese organismo internacional.


Firmas de apoyo:

Susana de la Garza,  viuda de Carlos Montemayor
Marisela Ortiz,  Fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C.
Agrupación  de mujeres Rosas Rojas
Grupo de Acción Revolucionaria
Brigada  Multidisciplinaria de Apoyo a las Comunidades de México
Humberto Robles, dramaturgo
Alexandro Guerrero, director de escena y cantaautor

Datos para información

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