sábado, 14 de julio de 2012

México no se enfrenta a la creciente violencia contra las mujeres

Las autoridades mexicanas no protegen a las mujeres de la violencia y la discriminación crecientes ni garantizan que los responsables responden ante la justicia, afirma Amnistía Internacional en un informe que ha entregado a un órgano de la ONU que examinará la situación de los derechos de la mujer en México.
El 17 de julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de la ONU, evaluará el cumplimiento por México de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El órgano de la ONU hará públicas sus conclusiones y recomendaciones cuando finalice su periodo de sesiones, el 27 de julio.
“La situación de los derechos de la mujer en México es alarmante —ha declarado Rupert Knox, investigador de México en Amnistía Internacional—. En los últimos años hemos presenciado no sólo un aumento de los homicidios de mujeres, sino una continua y habitual ausencia de investigaciones efectivas y de justicia.”
“En los últimos años, México ha aprobado varias leyes y creado instituciones destinadas a proteger a la mujer de la discriminación y la violencia. Sin embargo, gran parte del problema radica en la no aplicación efectiva de estas leyes y en la debilidad de las instituciones”, añadió Rupert Knox.
La información de Amnistía Internacional detalla algunas de las áreas en las que el Estado mexicano no hace justicia a los derechos de las mujeres, como la discriminación de género, las amenazas y ataques contra mujeres activistas, la violencia que sufren las mujeres migrantes, la no aplicación total de sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violación de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero y sobre el secuestro y homicidio de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez en el Campo Algodonero, así como los obstáculos que dificultan el acceso efectivo de la mujer a la salud sexual y reproductiva.
Según un informe publicado por UNIFEM y varias organizaciones locales de derechos humanos, entre 1985 y 2009 fueron asesinadas en México al menos 34.000 mujeres; 2.418 solamente en 2010.
En el estado de Chihuahua, donde hubo un gran aumento de los asesinatos, en 2010 una de cada 11 víctimas era mujer, cuando en 2008 era una de cada 14. En Ciudad Juárez fueron asesinadas 320 mujeres en 2010. El número de homicidios disminuyó ligeramente en 2011. En el primer semestre de 2012 hubo más de 130 homicidios de mujeres en el estado de Chihuahua.
Sólo en 2009, el Ministerio Público recibió  14.829 denuncias de violación de todo el país, una cifra alarmante teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres no denuncian estos delitos. Sólo se lograron 2.795 condenas en los tribunales.
La mayoría de los casos no se investiga efectivamente y las medidas que se adoptan para proteger a las sobrevivientes son insuficientes.
El caso de San Salvador Atenco es emblemático. Más de 26 mujeres sufrieron agresiones sexuales a manos de la policía tras ser detenidas en manifestaciones en 2006. La denegación del acceso a la justicia tanto por parte de las autoridades del estado como por las federales, a pesar de las investigaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha hecho que nueve mujeres elevaran sus casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La información presentada por Amnistía Internacional también detalla el aumento de las amenazas y de las agresiones contra mujeres activistas de derechos humanos que trabajaban para que se haga justicia a sus familiares asesinados.
“Las autoridades mexicanas, encabezadas tanto por el gobierno en funciones como por el nuevo gobierno que tomará posesión de su cargo en diciembre, deben actuar para cumplir su compromiso de proteger los derechos de la mujer y poner fin a los abusos y a la impunidad”, concluyó Rupert Knox.
Para consultar la información presentada por Amnistía Internacional ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, de la ONU, pueden seguir el link:http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/041/2012/es

Hallan cuerpo de una joven en predio baldío de Juárez; tenía golpes y huellas de asfixia


Madres recuerdan con una misa a menor que hace un año salió a buscar trabajo y no regresó
Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de julio de 2012, p. 29
Ciudad Juárez, Chih., 13 de julio. Mientras madres de mujeres desaparecidas en esta ciudad participaban en una misa y una marcha al cumplirse un año de la desaparición de Nancy Ivette Navarro y otras jóvenes, esta mañana fue hallado el cadáver de una adolescente de entre 15 y 18 años en un terreno baldío de la colonia Francisco Villa de esta ciudad.
Estaba desnuda de la cintura para abajo y su cuerpo tenía golpes y huellas de asfixia, informó la Unidad Especializada en Atención a Mujeres víctimas del delito por razones de género de la Fiscalía General del estado.
Familiares y miembros del comité de Madres con Hijas desaparecidas, en compañía de unas 150 personas, concurrieron a una ceremonia religiosa en la iglesia de Santa Cecilia en la colonia Felipe del Real, a un año de la desaparición de Nancy Ivette, quien salió a buscar trabajo, pero ya no regresó.
Al término de la misa unas 60 personas marcharon rumbo a la catedral de Juárez y en el camino colocaron fotografías de Nancy y entregaron volantes a los transeúntes.
La señora Lucy Muñoz, madre de Nancy Ivette, con lágrimas y cargando a su nieta de dos años, hija de Nancy, pidió a políticos y policías que se iluminen, que Dios les dé la capacidad para encontrar a su hija y a muchas otras jóvenes desaparecidas.
Dijo que recorrió la zona centro, el mismo camino que Nancy realizó en busca de trabajo, y llegó al negocio donde dejó una solicitud de empleo, pero no volvieron a saber de ella.
En la marcha, Ricardo Alanís, padre de Mónica Yaneht Alanís Esparza, universitaria de 19 años, al momento deextraviarse –desapareció en 2008– exigió a las autoridades trabajar realmente en la investigación de las ausencias de sus hijas y buscar ayuda de corporaciones internacionales competentes ante los nulos resultados que han dado a lo largo de los años las autoridades locales.
Demandó de manera pública un trato digno para las madres y familiares de las víctimas, igualmente que las autoridades dejen su lugar en los escritorios esperando las novedades que aportan las familias de las jóvenes desaparecidas.