sábado, 30 de enero de 2010

Documental sobre “Las Muertas de Juárez” llega a Punta Arenas


Publicado a las 17:15 pm “La ciudad devorando a sus hijas” se llama el documental en formato cine que la Municipalidad de Punta Arenas exhibirá el próximo 4 de febrero en el Instituto Teológico de la Patagonia, a las 15 horas, donde se aborda el tema de la violencia y el asesinato frecuente de mujeres ocurrido en la ciudad fronteriza de México, Juárez.

Este documental de Alejandra Sánchez y José Antonio Cordero, además de tratar la muerte de casi 400 mujeres jóvenes en un clima de impunidad, aborda en entrevista con familiares de las victimas, la realidad de la vida cotidiana de las obreras del mismo lugar que se esfuerzan cada día por mejorar sus condiciones laborales y de seguridad social en un ambiente que es absolutamente hostil a las mujeres.

La película que ha sido presentada en varias salas mexicanas no oficiales, y en festivales de cine alternativo, no es propiamente una voz que se aliente a ser escuchada y difundida en las comunidades, pues muestra una cruda realidad y desenmascara este hecho de violencia contra las mujeres, con argumentos basados en una dificultosa investigación y variados testimonios, que han hecho temblar a un estado que de una u otra forma se presenta cómplice. Es por esto, que mujeres comprometidas como la mexicana Carolina Carvajal Zamudio, han querido mostrar al mundo este documental, como una necesidad de hacer eco las voces de estas mujeres en diversos países, y además crear redes de mujeres que alienten el trabajo en común, para que estos crímenes dejen de estar en la impunidad y las condiciones laborales de las mujeres sean las más adecuadas para una vida plena.

Gestión Cultural de la Municipalidad, ha tomado esta propuesta insertándola en el programa de actividades culturales para este verano, y ha extendido una especial invitación para ver este documental a representantes y organizaciones gubernamentales y de la comunidad, relacionadas con el ámbito de la violencia contra la mujer, por lo que al término de la presentación se dará paso a un dialogo con los asistentes, donde la encargada de presentar el documental, dará a conocer nuevas investigaciones y reportes de algunas ONG de México, sobre el caso que aún conmociona: las muertas de Bajo Juárez.

martes, 26 de enero de 2010

Se busca


Se le vio por última vez en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en la colonia CTM a finales de julio del año 2009

Nombre: Alejandra Olaya Chanez Dozal
Sexo: Femenino
Edad: 17 años
Estatura: 1.57 metros
Complexión: Delgada
Cara: Ovalada
Tez: Blanca
Ojos: Medianos
Color ojos: Café claro
Boca: Grande
Labios: Carnosos
Nariz: Mediana, tipo recta
Ceja: Delgada
Cabello: Lacio
Color cabello: Rubio teñido, con extensiones

Cualquier información favor de comunicarse a los teléfonos celulares (044-656) 134-41-02 o al 144-96-15

lunes, 18 de enero de 2010

Critica “México real” que promueve Televisa


Ahora resulta que Televisa nos muestra “al México real” por medio de un vídeo que “nos enseña” el desierto de Chihuahua en Ciudad Juárez, donde han encontrado el cuerpo sin vida de mujeres, niñas, adolescentes, víctimas de feminicidio. Esto para la televisora no es “real”, no aparece en el video, pero sí una mujer que adorna las dunas del desierto manchado por la impunidad de la que Televisa es promotora.

Carolina Bang Talancón

martes, 12 de enero de 2010

De la guerra sucia a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juarez


Ariel E. Dulitzky*

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar dos sentencias contra México. En el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, la Corte determinó la responsabilidad internacional del país por tres asesinatos impunes de mujeres en Ciudad Juárez. En el otro caso, el tribunal se expedió sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco en Guerrero en 1971 dentro de la llamada guerra sucia.

Los dos casos demuestran la impunidad por violaciones a los derechos humanos y de crímenes comunes. Ambos reflejan los problemas gravísimos de la administración de la justicia en México. La Corte hace un llamado de atención muy fuerte al gobierno mexicano y le ordena una agenda de trabajo que requiere modificaciones legislativas, capacitación técnica a los funcionarios públicos, estrategias serias de investigación penal y la eliminación del fuero militar para graves violaciones a los derechos humanos. Las reformas introducidas hasta el momento, sea en las investigaciones en el sistema penal en Chihuahua o las actuaciones que lleva a cabo la PGR, no son suficientes. Cuando el gobierno indica que la mayoría de las órdenes dictadas por el tribunal ya las está implementando, falta a la verdad.

La Corte, al analizar en ambos casos la respuesta dada por el gobierno a problemas de seguridad ciudadana, dijo que el Estado tiene que prevenir razonablemente la violencia, lo que incluye el derecho y el deber de adoptar medidas de represión del crimen, así como la posibilidad de usar la fuerza, siempre dentro del irrestricto respeto a los derechos humanos. Si se producen crímenes, deben investigarse seria, imparcial y prontamente. Y no puede utilizarse para ello la jurisdicción militar aunque los acusados sean elementos militares. Las investigaciones y sanciones tanto de los crímenes comunes como de los cometidos por los funcionarios públicos son un elemento esencial de cualquier estrategia de seguridad pública. En otras palabras, no puede haber eficacia en la represión del crimen si los mismos permanecen en la impunidad.

Sólo en el año 2008 se presentaron 168 demandas en contra de México. La Comisión Interamericana tiene 75 casos mexicanos que se refieren a torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, masacres, violaciones al debido proceso, expulsiones de extranjeros, impunidad, amenazas a defensores de derechos humanos, discriminación contra la mujer y derechos reproductivos entre otros. Las sentencias de la Corte Interamericana y el importante número de casos pendientes contra México ante la Comisión llaman a una revalución del gobierno de su posicion. Debería acoger de buena fe las sentencias y cumplirlas. Con ello otorgaria a las víctimas las reparaciones que justamente merecen por las arbitrariedades de las que han sido objeto, y adicionalmente mejoraría la situación de derechos humanos en el país y prevendría que estos abusos no se vuelvan a repetir. Promesas vacías, reconocimientos parciales de responsabilidad, obcecados argumentos, reticencia en la entrega de información no son suficientes. Se requiere una actitud proactiva, comprometida, seria, sostenida, coherente, que fortalezca el estado de derecho en México y que entre en un diálogo constructivo con los órganos del sistema interamericano. El gobierno mexicano tiene una posibilidad inmejorable de demostrar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que no debería dejar pasar.

Claro que para ello también se requiere que la comisión y la Corte estén a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, dijimos que en 2008 se presentaron 168 denuncias contra México. Sin embargo, la comisión tuvo la capacidad de revisar sólo 66 de ellas, de las que transmitió 10 al gobierno. En ese mismo año, la CIDH apenas publicó dos decisiones de admisibilidad sobre México y remitió un caso ante la Corte. Esto demuestra los problemas que tiene la comisión para atender todas las denuncias que recibe, la lentitud de su procedimiento, los pocos casos que se resuelven. No todo es responsabilidad de la CIDH. En gran parte se debe al magro presupuesto que los estados de la OEA, incluido México, asignan al organismo interamericano como forma de ahogarla financieramente.

* Profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas y ex secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El feminicidio de ciudad juarez


La condena de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un hito de la justicia.

Esto ocurrió en 1993. En enero de 1993. A partir de esa mujer muerta comenzaron a contarse los asesinatos de mujeres. Pero es probable que antes hubiera otras. La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía 13 años. Pero es probable que no fuera la primera muerta.

Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabezaba la lista". Según 2666, obra simplemente maestra de Roberto Bolaño, esto ocurría en Santa Teresa, en la frontera de México con Estados Unidos. Solo que Santa Teresa no existe. Solo que Santa Teresa es el trasunto de Ciudad Juárez, ciudad que sí existe, en la frontera de México con Estados Unidos, frente a El Paso, a la orilla del río Grande. Solo que en esta ciudad, que sí existe, ni tan siquiera se cuentan las mujeres que aparecen asesinadas, por lo general también torturadas y ultrajadas.

LAS DENUNCIAS ante la policía, las procuradurías o la justicia no han sido atendidas: las fechorías se consolidan. Se han llevado a cabo, a título particular o de oenegés, gestiones ante diversas instancias mexicanas e internacionales, de modo sorprendente, sin resultado práctico alguno: las investigaciones seguían sin abrirse o, si se abrían, se archivaban o languidecían hasta consumirse.

Si alguien, en su mayoría madres de las víctimas, se empecinaba en buscar respuestas era hostigado, cuando no cosas peores.

El feminicidio en Ciudad Juárez se ha vuelto endémico ante la pasividad de las instancias oficiales. Es cierto que México tiene algunos problemas de implementación de la justicia penal, de los que es conciente y se afana en una reforma procesal radical, fruto de un cambio constitucional. Sin embargo, los hechos de Ciudad Juárez no tienen parangón, ni judicial no sociológicamente. La sociedad charra contempla entre atónita e impotente la desidia oficial y el horror sin cuento de la salvajada, que, según las fuentes, se ha llevado por delante más de 400 mujeres, especialmente jóvenes cuando no niñas, cifra que otras elevan a más del doble.

TIEMPO ATRAS, no mucho tiempo atrás, la cosa no hubiera pasado seguramente a mayores y, al final, hubiera desaparecido incluso de los foros más concienciados. Eso hubiera sido antes. Ahora, ante la creciente internacionalización de la justicia --pese al interesado parón de la jurisdicción universal en España-- y a la creciente protección supranacional de los derechos humanos, los deudos de las víctimas han obtenido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por sentencia del pasado 16 de noviembre, la condena de la República mexicana por violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a la intimidad y a la no discriminación.

Por unanimidad, la Corte, radicada en Costa Rica, condena al Estado demandado por no haber investigado seriamente ni haber prevenido los atentados a dichos derechos. Siguiendo su propia doctrina y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los seis jueces internacionales reconocen que no prevenir las lesiones de derechos fundamentales cuando estas razonablemente van a producirse, o no investigar las ya producidas, supone un nuevo ataque a esos derechos fundamentales.

En Europa, por ejemplo, el Reino Unido, ocasionalmente, y Turquía, en innumerables ocasiones, han sido condenados por esas omisiones, cuando se denunciaban torturas y las autoridades públicas, en especial el ministerio público, hacían oídos sordos o miraban para otro lado. Condenas análogas han sufrido Honduras, Paraguay o Brasil.

La condena a México no se limita a una declaración solemne. Impone indemnizaciones a favor de cada uno de los reclamantes de 800.000 dólares y una serie de obligaciones al Estado condenado, a cumplir, según las especies, en un plazo de entre seis y 12 meses. Entre las más relevantes cabe reseñar la remoción de todos los obstáculos jurídicos y de hecho que impidan tanto llevar a cabo las indagaciones por cada uno de los delitos como el apartamiento y, en su caso, sanción de los funcionarios que no han cumplido con su obligación de esclarecer los delitos, perseguir a los delincuentes y dar apoyo a las víctimas. Esta tarea, de la que México deberá dar cuenta a la Corte y esta verificar en su materialidad, supone una tarea ingente. No solo habrá que recuperar el tiempo perdido, sino que habrá que remover en alguna medida efectiva los obstáculos de toda índole que han hecho del feminicidio de Ciudad Juárez un atroz ejemplo de incuria y corrupción.


ES DE DESEARque la República de México cumpla con la máxima celeridad y la máxima escrupulosidad el fallo de los magistrados de Costa Rica. También es de desear que repare a las víctimas, prevenga otros atentados análogos a los derechos civiles y dé ejemplo a aquellos países --como España-- que, también sometidos a la jurisdicción internacional en materia de derechos humanos, no dan el cumplimiento a las sentencias de los jueces de Estrasburgo en toda su extensión. México, en fin, aún nos puede enseñar cómo se reparan y enmiendan los rotos a los derechos de los ciudadanos.

*Catedrático de Derecho Penal.

Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo, supera cien muertes en 2010

La violencia no cesa en esta ciudad fronteriza con El Paso (Texas, EEUU), donde el año pasado 2.635 personas fueron asesinadas, según recuentos extraoficiales.

Los asesinatos de cuatro hombres a manos de un comando en un bar de la zona centro iniciaron, ya de madrugada, la jornada violenta de ayer.

Otros tres hombres fueron acribillados con armas largas por otro comando en una vivienda del barrio El Granjero, al sur de la ciudad.

También, dos jóvenes fueron abatidos a balazos por un grupo de hombres, que les dispararon desde un vehículo en movimiento, en el barrio Héroes de la Revolución.

Asímismo, tres hombres fueron asesinados a balazos en un taller mecánico.

El resto de los asesinatos se produjo en cinco ataques aislados, también a balazos.

Este lunes, dos ONGs mexicanas advirtieron de que Ciudad Juárez fue, con 191 homicidios por cada 100.000 habitantes, la urbe más violenta del mundo en 2009.

A Ciudad Juárez, con 1,5 millones de habitantes, le siguen San Pedro Sula (Honduras), con 119 homicidios por cada 100.000 habitantes; San Salvador, con 95; Caracas, con 94; y Guatemala, con 86.

En la capital de Chihuahua, el Centro de Inteligencia Policial (Cipol) informó de que un comandante y un escolta fueron tiroteados desde dos vehículos por hombres que vestían uniformes policiales.

con saldo dos agresores y un agente muertos.

El comandante, Jesús Garcés, resultó herido en el tiroteo, en el que dos de los agresores y el escolta murieron.

También se informó del hallazgo del cadáver de un agente policial con signos de tortura. EFE hs-gt/asc/af

¡Esa es la actitud! - Hernández


lunes, 11 de enero de 2010

Ninguna protección para la activista Cipriana Jurado Herrera

Desoye gobierno de Chihuahua petición de CNDH

Por Paulina Rivas Ayala

México, DF, 11 ene 10 (CIMAC).- A menos de una semana de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, para que tome medidas de protección para la activista juarense Cipriana Jurado Herrera, quien trabaja con casos de violencia y justicia militar, no se ha obtenido ningún resultado.

El pasado jueves 7 de enero, en un comunicado la CNDH manifestó que hizo una petición al gobernador de Chihuahua para solicitar protección para Jurado Herrera, quien trabajó con Josefina Reyes Salazar, activista asesinada el pasado tres de enero que trabajó en la defensa de los derechos humanos y violencia militar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A partir de que Josefina Reyes fue asesinada “se encendieron los focos rojos” para las y los defensores de derechos humanos, por lo que el cinco de enero, la organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado “urgente” a la Secretaría de Gobernación para la protección de la integridad de Cipriana Jurado por considerar que su vida está en peligro pero tampoco se ha obtenido ninguna respuesta.

En entrevista con Cimacnoticias, Jurado Herrera manifestó que aún no le han notificado ninguna acción para su seguridad. Por el contrario, denunció que ha notado dificultades en su comunicación por vía celular y en el servicio de Internet de su casa.

“Me bloquearon el celular y la Intenet desde el jueves, y en la compañía, Telcel de banda ancha, me dijeron que está bloqueado porque bajé 10 gigabites de información”. La activista manifestó que no se explica porqué tiene los servicios bloqueados pues “yo no he bajado nada”.

En cuanto a su servicio de celular, también Telcel, dijo que no han entrado muy bien las llamadas.

Manifestó que en los últimos días ha seguido normalmente con sus actividades en el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, el mismo ritmo de trabajo que ha tenido en los 15 años anteriores que ha dedicado a la defensa, promoción y protección a los derechos humanos.

FALTA DE RESPUESTA DEL ESTADO

Cuando esta agencia de noticias trató de investigar si existía algún boletín de prensa o algún pronunciamiento por parte del gobierno del estado para la defensa de Cipriana se encontró con que en la página Web del gobierno de Chihuahua no había información alguna.

Cimacnoticias trató de obtener información de la seguridad de Cipriana Jurado, vía telefónica en el área de comunicación social del gobierno del estado en donde Rogelio José Castorena Menchaca del departamento de prensa, dijo, “no, no tenemos nada de eso, le voy a trasladar a la procuraduría, ahí le van a dar la información” argumentó que ahí nos atendería la persona adecuada.

En la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dijeron que ese caso lo estaban atendiendo en Ciudad Juárez, por lo que esta agencia se comunicó al área de comunicación de dicha entidad en donde indicaron que esa información se podía obtener sólo del gobierno del estado, por lo que ahí tampoco se obtuvieron datos de la seguridad de Cipriana.

Hasta el momento en la página Web no hay ningún tipo de información acerca de la postura del gobierno del estado en cuanto a la protección de la activista.

A la caza de activistas en Ciudad Juárez


Por Tomado de internet / Proceso

Dia de publicación: 2010-01-11

MEXICO, D.F., 11 de enero (Proceso).- Defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez han sido asesinados presuntamente por narcotraficantes o por el Ejército, con absoluta impunidad, en lo que parece una estrategia de eliminación sistemática. Ante el caso más reciente, el de Josefina Reyes Salazar, en la ciudad fronteriza ya sólo queda una activista dedicada a la atención de las víctimas de los abusos militares.

En medio de la descarnada guerra contra el crimen organizado, el asesinato de la activista Josefina Reyes Salazar, cometido el domingo 3 de enero, puso en evidencia que los defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez, Chihuahua, “están entre dos fuegos: el del Ejército Mexicano y el de los narcotraficantes”, considera Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Josefina Reyes Salazar, exregidora perredista del municipio de Guadalupe y luchadora social desde hace más de 20 años, fue acribillada por hombres que en principio trataron de secuestrarla cuando se detuvo a comprar barbacoa sobre la carretera rumbo al Valle de Juárez.

“Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones”, le espetó uno de los hombres que trató de llevársela por la fuerza. Según testigos, ella respondió: “No, pero de aquí no me llevan viva”. Cinco descargas contra su rostro vinieron después.

Cipriana Jurado Herrera, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO) y amiga de Reyes Salazar, recuerda: “Cuando empezó a recibir la amenazas el verano de año pasado, Josefina tenía mucho miedo, y llegó a decirle a su familia que para ella sería mejor que la mataran, que no la secuestraran, porque tenía miedo de lo que le pudieran hacer; ella también estuvo trabajando casos de mujeres que eran violadas y torturadas antes de ser asesinadas”.

Desde su refugio en El Paso, Texas, donde se autoexilió desde septiembre de 2009 por las amenazas de muerte que recibió, Gustavo de la Rosa Hickerson sostiene que detrás de la muerte de la luchadora social “hay un doble mensaje: por un lado, los narcotraficantes, que con ello dicen que si mataron a Josefina pueden hacerlo con cualquiera sin temor a ser detenidos; o bien, podría ser el Ejército, que dice ‘con lo militares no se metan’, porque el activismo reciente de Josefina estuvo enfocado a protestar por los abusos que cometen contra las comunidades del Valle de Juárez”.

Para De la Rosa Hickerson, quien documentó más de 150 casos de abusos militares desde que inició el Operativo Conjunto Chihuahua, los defensores de derechos humanos en esa entidad fronteriza “estamos en un altísimo riesgo, nos convertimos en enemigos de los delincuentes y del Ejército: los cárteles no quieren que se investiguen sus crímenes y sus arreglos con la policía y el Ejército, y los militares no toleran que se denuncien sus abusos”.

Crímenes impunes

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua cuenta que el 24 de noviembre de 2009 acudió con varios activistas a la ciudad de Torreón, Coahuila, sede de la XI Región Militar, para reunirse con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ahí les expuso “la necesidad de cambiar la estrategia en Chihuahua, que no siga torturando a los detenidos y que no se llevaran a cabo acciones sin la supervisión de autoridades civiles”.

Aunque no recuerda los nombres de los altos mandos que asistieron a la reunión, De la Rosa Hickerson indica que en ella estuvieron el jefe del Estado Mayor de la XI Región Militar, una subprocuradora de Justicia Militar y dos representantes del secretario Guillermo Galván Galván.

“Yo esperaba una reacción positiva, pero cuando llegamos a Chihuahua advertimos que los militares estaban más enojados”, apunta. Al encuentro en Coahuila, realizado en un hotel que fue blindado por tropas del Ejército, no asistió el general de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, quien en septiembre de 2008 acusó a defensores de derechos humanos de ser financiados por el narcotráfico para desprestigiar al Ejército.

“Espitia pidió mi destitución al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, y después el general le ordenó que abriera una investigación en mi contra, faltando el respeto a la autonomía del organismo, actuando con absoluta impunidad.”

De la Rosa Hickerson destaca que la muerte de Josefina Reyes se suma a la lista de defensores de derechos humanos que “antes luchamos contra los feminicidios y ahora denunciamos los abusos del Ejército”, y que han sido agraviados en los últimos meses de 2009.

El 24 de septiembre fue asesinado el locutor radiofónico Norberto Miranda Madrid, conocido como El Gallito, en Nuevo Casas Grandes. En esa misma ciudad, el 9 de octubre, Paz Rodríguez Ortiz fue asesinado frente a su esposa, Alicia Salaiz, quien fue “levantada” un mes después y de la que se desconoce su paradero; la pareja fundó la Asociación Civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes.

El 28 de noviembre, en Ciudad Juárez, fue asesinado el activista Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Ese mismo día, en Temochi, fue secuestrada, violada y asesinada Flor Alicia Gómez López, sobrina de Alma Gómez Caballero, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas y del Centro Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

No fue el primer ataque contra la familia Gómez, descendiente del doctor Pablo Gómez, guerrillero muerto en el ataque al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. De la Rosa apunta que, en octubre del año pasado, “los militares se metieron a la casa que tienen en Bochiniva, en el noroeste del estado; en esa región la familia ha sido muy activa en recabar denuncias de abusos”.

En el caso de El Gallito, recuerda que semanas antes de su asesinato le canalizó un caso “terrible”: un hombre que estuvo 15 días en manos del Ejército. “Lo detuvieron en la sierra con su camioneta, una Jeep Cherokee; logramos que lo liberaran, pero no su vehículo. Insistimos hasta que la localizamos, estaba a disposición de la Policía Federal, que la encontró descompuesta en un camino en Janos, con armamento y municiones, fue utilizada para una ejecución”.

El día que mataron a El Gallito, De la Rosa se refugió en El Paso, Texas, ante las amenazas de muerte que recibió.

Riesgos documentados

La vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico fue documentada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, presentado el 13 de octubre de 2009 por Alberto Brunori.

En el documento se da cuenta de 128 agravios a defensores en México entre enero de 2006 y agosto de 2009; 11 de esas denuncias corresponden a Chihuahua. Del total, 98.5% se encuentran impunes.

De las conclusiones de la ACNUDH se destaca que “la inseguridad y la violencia que se vive en el país intensifican la situación de vulnerabilidad de las y los defensores. La ausencia de un enfoque de derechos humanos en el diseño o implementación de algunas políticas de seguridad, así como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, constituyen un nuevo reto para las y los defensores. En torno a esta situación se observó que las y los defensores han tenido una participación restringida en la definición, monitoreo y evaluación de las políticas de seguridad y que los canales de comunicación son escasos”.

Cuatro días después del asesinato de Josefina Reyes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció el inicio de una queja.

El organismo registró 24 denuncias de agravios contra defensores en 2005; cifra que diminuyó el año siguiente a 18 y a 16 en 2007, en tanto que en 2008 recibió 24 quejas y 25 en el año que acaba de terminar.

A la condena de la CNDH se sumó el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) del gobierno federal, que consideró “indignante” que la violencia alcance a “personas que luchan contra la represión, la violencia y la violación de los derechos humanos”.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), con sede en Ciudad Juárez, reprobó la falta de actuación de autoridades municipales, estatales y federales para proteger a las y los defensores de derechos humanos que “han levantado la voz para denunciar abusos militares”.

Al exigir el esclarecimiento del crimen de Josefina Reyes, así como de 220 asesinatos de mujeres ocurridos en 2009 en Chihuahua, la organización civil recordó que un hijo de Josefina, Julio César, fue víctima mortal de la guerra contra el narcotráfico en esa ciudad fronteriza.

La ejecución de Josefina Reyes ocurrió semanas después de que Amnistía Internacional (AI) publicara el documento México: Nuevos informes de violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, en el que se registran los casos de la ejecución extrajudicial de Saúl Becerra Reyes y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Guzmán Zúñiga (Proceso 1728).

El caso dio lugar a que el organismo internacional exigiera a la administración de Felipe Calderón el esclarecimiento del homicidio de Josefina Reyes, así como la protección para Cipriana Jurado Herrera, quien colaboró en la elaboración del informe, toda vez que ambas participaron en protestas para denunciar los abusos militares desde 2008.

En la acción urgente emitida el martes 5 de enero, AI exigió la actuación inmediata del Estado mexicano para proteger a defensores de derechos humanos que, como Josefina y Cipriana, participaban en movilizaciones pacíficas “contra la violencia del crimen organizado en la región, así como por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército”.

La alerta que envió AI, explica Jurado Herrera, “es porque con el asesinato de Josefina y el exilio del licenciado De la Rosa, yo me quedé sola en Ciudad Juárez en el trabajo de documentar y denunciar los abusos del Ejército.”

Más recientemente, el viernes 8, el Cedhm denunció la desaparición de tres personas, dos de ellas mujeres, en el municipio de Buenaventura, hechos de los que responsabiliza a miembros del Ejército Mexicano. Se trata de José Ángel Alvarado Reyes, Nitza Alvarado Paola Alvarado Espinoza y Rocío Alvarado Reyes, quienes fueron detenidos por soldados el 29 de diciembre pasado.

Líneas de investigación

Gustavo de la Rosa Hickerson y Cipriana Jurado Herrera coinciden en que en las diferentes luchas que encabezó Josefina en los últimos 20 años –por la defensa de los derechos laborales en la maquiladoras, en contra de la instalación de un tiradero nuclear en Sierra Blanca y por el esclarecimiento de los feminicidios– nunca recibió amenazas de muerte, hasta que participó en las protestas contra los abusos militares.

Ambos recuerdan que la casa de Josefina en Guadalupe fue allanada en tres ocasiones por soldados. De la Rosa abrió un expediente en la Comisión de Derechos Humanos estatal y la activista denunció ser víctima de amenazas ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta Jurado Herrera.

“Era una mujer muy valiente, era mi corresponsal en el Valle de Juárez en por lo menos siete casos, que implicaban a 30 víctimas de abusos militares, acudí al Valle cuando los soldados estaban en las comunidades, y ella los enfrentaba sin miedo”, dice De la Rosa Hickerson.

La directora del CISO trabajó con Josefina para atender unos 15 casos de detenciones ilegales: “Acudíamos con las familias para convencerlas de que interpusieran sus quejas, porque en el Valle el Ejército llegaba a detener a gente sin órdenes de aprehensión y sin motivo, que después era conducida al cuartel militar donde las torturaban. Hubo casos muy graves, pero la mayoría de la gente no quiso continuar con las quejas por miedo”.

De la Rosa Hickerson apunta que en torno al crimen de Josefina Reyes hay elementos que lo complican. Por ejemplo, uno de sus hijos, Miguel Ángel, apodado El Sapo, trabajó como mecánico de los hermanos Óscar Alonso y José Rodolfo Escajeda, La Gata y El Riquín, capos del cártel de La Línea, y fue detenido junto con el segundo el 4 de septiembre de 2009. Lo remitieron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Matamoros, acusado de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

De la Rosa apunta que la colaboración de los habitantes del Valle de Juárez con el tráfico ilegal de mercancías forma parte del motor económico de la región desde principios del siglo XX, “por lo que no es inusual que la gente se emplee ahora con los capos”.

Recuerda que, en agosto de 2008, Miguel Ángel Reyes Salazar fue detenido en un operativo militar en Guadalupe, junto con otras 10 personas, todas sacadas de sus casas de forma ilegal. Josefina, junto con militantes del Frente Nacional contra la Represión, organizó una manifestación para pedir la presentación de los detenidos, quienes permanecieron cinco días en poder de los militares.

“Josefina no quería impunidad para su hijo, sino que se procediera conforme a derecho, y tan no fue así, que fueron liberados. Cuando Miguel Ángel fue detenido en septiembre de 2009, también por militares, Josefina se quedó tranquila porque se le presentó ante un juez.”

Meses antes del arresto de Miguel Ángel, sostiene, aparecieron volantes en el Valle de Juárez firmados por Los Gallinazos de Guadalupe, en los que se amenazaba de muerte a no menos de 10 personas, entre ellas Josefina y sus hermanos, si no abandonaban su pueblo.

Para De la Rosa Hickerson, esas amenazas probablemente provenían del cártel de Sinaloa, enemigo de La Línea, que opera en el Valle de Juárez.

“De julio a la fecha, en el Valle han ocurrido 50 asesinatos, no sólo de personas directamente involucradas con el crimen, sino sus familias, todo esto ante los ojos del Ejército, que es el único que opera ahí, de forma pasiva, porque no persigue a los criminales ni deja que corporaciones civiles lo hagan”, sostiene.

Esa es una posible línea de investigación del crimen de Josefina, dice, “pero eso lo tendría que esclarecer la PGR, porque no tenemos expectativas de que la procuraduría (estatal) llegue a los responsables, pues el caso de Josefina se convertirá en uno más de los 4 mil muertos de Ciudad Juárez que no han sido investigados”.

El visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua alerta sobre el riesgo que corre Cipriana Jurado Herrera, quien se ha convertido “en la única defensora que atiende a las víctimas de abusos militares”.

Aclara que Cipriana es coadyuvante en las investigaciones de los casos de desaparición forzada de los hermanos Guzmán y del homicidio de Saúl Becerra, ante la Procuraduría de Justicia Militar, radicadas en su sede de Mazatlán, donde se tenían abiertas 170 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos por militares, hasta junio del año pasado.

Jurado Herrera asegura que ella no ha recibido amenazas por su labor; sin embargo, tras participar en protestas contra los abusos militares se reactivó una denuncia contra ella y otros activistas abierta en 2005 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a un plantón que realizaron en el Puente Internacional de Ciudad Juárez en contra de los cazadores de migrantes.

A raíz de esa queja fue detenida el 4 de abril de 2008 por policías federales y recluida durante 24 horas; salió tras el pago de una fianza y después fue declarada inocente.

Por su coadyuvancia en los casos de los hermanos Guzmán y de Saúl Becerra, advierte Cipriana, ha sido intimidada por elementos militares.

“El 28 de diciembre acudimos con familiares de los hermanos Guzmán a instalaciones militares para que ampliaran su declaración sobre el caso; en esa ocasión, no tuvimos problemas. El 2 enero, acompañé a la esposa de Saúl Becerra; los agentes del Ministerio Público federal querían que la señora ampliara su declaración por desaparición forzada, pero yo les aclaré que se trataba de un homicidio, porque el cuerpo de Saúl apareció. En ese momento, se enojaron y me pidieron todos mis datos, lo que para mí fue un acto de intimidación porque en la audiencia anterior no me los pidieron.”

El jueves 7, Cipriana Jurado Herrera y decenas de personas se manifestaron en las instalaciones de la PGR en Ciudad Juárez para exigir que el asesinato de Josefina sea investigado por esa dependencia.

“No queremos que el caso sea llevado por las autoridades locales. No se trata de un crimen común. Además, hasta ahora (7 de enero) ninguna autoridad se ha acercado a la familia para pedirle que declare sobre la muerte de Josefina. Si el crimen no se aclara, el mensaje de impunidad es terrible y no lo podemos aceptar.”

Este reportaje se pulbicó originalmente en la edición 1732 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 9 de enero.

http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/75452

sábado, 9 de enero de 2010

Protesta por el asesinato de la activista Josefina Reyes


En Ciudad Juarez cada vez más se incrementan los crímenes de hombres y mujeres. Vivimos entre el miedo y la impotencia. El pasado domingo 3 de enero asesinaron a Josefina Reyes, una luchadora social a quien después de secuestrale a uno de sus hijos y posteriormente asesinarle al otro, protestó públicamente y se puso en huelga de hambre para exigir investigación y la salida del Ejército de esta ciudad, ahora se piensa que el propio ejército la ejecutó ya que recibio varias amenazas. Con estos hechos pueden ustedes tener idea del riesgo en que vivimos.

También a Leobardo Alvarado, conocido luchador social que ha exigido el retiro de las fuerzas armadas y denunciado los abusos de los soldados, una semana atras el ejército secuestró a tres miembros de su familia sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.

El exterminio esta declarado para quienes hacemos protesta y defendemos los derechos humanos.

Así están las cosas. Les envió todo mi cariño y esta nota sobre la protesta.

Protesta fuera de la PGR Denunciando el asesinato de la compañera Josefina Reyes


By griterio on Enero 7, 2010

Este jueves 7 de enero se dieron cita diferentes organizaciones y personas a titulo personal fuera de la PGR, para protestar por el asesinato de la activista Josefina Reyes, habitante del Valle de Juárez.

Josefina Reyes quien en vida fue una de las primeras mujeres que denunciaron los abusos de violencia contra las mujeres , y que de igual manera also su voz para denunciar la militarización y la gran impunidad que se vive en Ciudad Juárez fue asesinada el pasado 3 de enero, despues de haber recibido varias amenazas de muerte del ejercito, por luchar en la defensa a los derechos Humanos.

Es por eso que activistas de la localidad se reunieron fuera de la PGR, para repudiar las politicas militaristas del gobierno de Calderon, haciendo responsable al estado por la muerte y destrucción de los y las juarenses.

Con pintas que decian: “Que renuncien Chavez Chavez y Calderón por asesinos” , “dignidad”, “Justicia” “respeto” entre otras , así como volanteo, mantas y al grito de “Juárez, Juárez no es cuartel Fuera ejercito de él” fue que las personas manifestaron su indignación, sin embargo no solo fueron l@s manifestantes l@s que acudieron a la cita, si no que al interior de las instalaciones de la PGR de manera amenazadora, se encontraban policías federales fuertemente armados que solo veían la rabia y la impotencia de quienes día a día vivimos el abuso del ejercito y de la policía federal maniobrado por un gobierno que se rige por el odio, la codicia y de olvido para el pueblo.

Como recuerdo a la compañera caída el sábado 9 de enero a las 8 am, se realizará una caravana vehicular al panteón de Guadalupe, para dejar una ofrenda floral en su tumba , el punto de partida será en la Avenida Juárez Porvenir, pasando la Avenida Tecnológico (puente al revés), de donde saldremos a mas tardar a las 8:30 hacia el panteón a las 10, para salir de regreso a Juárez y terminar en la PGR de Ciudad Juárez.

No olvidemos que manifestarse contra el estado de sitio que se vive en esta ciudad no termina con una sola manifestación.

¡Ni una, ni uno más!
¡Fuera militares de las calles!
¡Juarez, Juarez no es cuartel , fuera ejercito de él!

jueves, 7 de enero de 2010

Donne di Sabbia (Mujeres de Arena) en Turín, Italia

Carissimi amici

Per la terza volta Donne di Sabbia arriva a Spazzi, la locanda degli arrivanti, progetto delle Cooperative Sociali Progetto-Muret, Luci nella Città e dell’Associazione Arcobaleno.

E’ quasi un ritorno a casa, poiché da Spazzi lo spettacolo debuttò nel mese di marzo di 4 anni fa e fu replicato qualche mese dopo alla presenza di Marisela Ortiz.

Il 14 gennaio le voci delle DONNE DI SABBIA saranno unite e sempre più forti nella denuncia perché un’ennesima violenza le ha colpite da vicino. Il marito di Nakar (figlia di Marisela) è stato ucciso in modo efferato e senza motivo il 28 novembre 2009.
Questo assassinio, l’ennesimo, atroce, impunito atto della violenza che da troppi anni si vive a Ciudad Juarez.

Aiutateci ad inoltrare questa communicazione. Ci auguriamo di potere contare con la vostra sensibile partecipazione per la riuscita della serata, segno di Solidarietà con Marisela Ortiz e con Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Donne di Sabbia - 14 gennaio alle 22.00
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Spazzi - Via Virle, 21 Torino

miércoles, 6 de enero de 2010

Exige Amnistía Internacional proteger a activistas en Juárez

PGR y PGJE ignoraron amenazas de muerte a Josefina Reyes

R. Villalpando, E. Olivares, G. Saldierna y E. Méndez
Corresponsal y reporteros
Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero.

El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reyes, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.

AI señaló que varios sujetos intentaron secuestrar a Reyes, pero como se resistió le dispararon en la cabeza.

El organismo señaló que integrantes de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también han sido amenazados y corren peligro. Se refirió en particular a Cipriana Jurado, quien ha trabajado con AI en casos de abusos cometidos por militares.

En tanto, familiares de Josefina Reyes aseguraron que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hicieron caso de la denuncia que presentó la activista por las repetidas amenazas de muerte que había recibido.

Durante el funeral de Reyes Salazar, en el municipio de Guadalupe, sus cinco hermanos dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado y negaron tener vínculos con organizaciones criminales.

Recordaron que la semana pasada Josefina Reyes y Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad, acudieron ante un fiscal militar en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, casos documentados por Amnistía Internacional en los que se implica al Ejército Mexicano.

Ahí, dijeron, la fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y Cipriana Jurado fueron presionadas para que se desistieran.

Con el homicidio de Reyes Salazar, en los dos años recientes suman seis asesinatos de activistas y personas cercanas en Chihuahua, entre ellos Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Agrodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.

Mientras, en la ciudad de México, los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio en memoria de Esther Chávez Cano, activista por los derechos de las mujeres y precursora de la lucha por el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los legisladores también acordaron expresar a familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su “pesar y acompañamiento solidario”.

Temen ola de represión contra luchadores sociales


El asesinato de la compañera luchadora social Josefina Reyes, cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 4 de enero, resulta altamente preocupante, triste e indignante. Una vez más se manifiesta la posición del gobierno hacia quienes deciden ejercer su derecho a buscar la justicia, así como el nivel de impunidad con que suelen darse estos crímenes.

Tememos una ola generalizada de represión en contra de los defensores de los derechos humanos. Responsabilizamos al Estado mexicano por estos hechos, ya sea por actuación o posterior omisión. Exigimos se investigue a fondo y se actúe de manera oportuna conforme a derecho, así como el cese de la militarización en el país.

Frente Nacional Contra la Represión

Amnistía Internacional denuncia asesinato de una activista en Ciudad Juárez


México, 5 ene (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que un grupo de hombres asesinó a la mexicana Josefina Reyes, defensora de los derechos humanos y quién había participado en manifestaciones contra presuntos "abusos cometidos por militares" desplegados en Ciudad Juárez.

El asesinato ocurrió el pasado 3 de enero en el municipio de Guadalupe, vecino de Ciudad Juárez, cuando hombres armados intentaron secuestrar a Reyes y al no poder hacerlo le dispararon a la cabeza, dijo AI en un comunicado.

Amnistía Internacional "considera que otros defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez que han participado al lado de Josefina en las protestas y que pertenecen a la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez se encuentran también en riesgo de ser amenazados y atacados".

La organización dijo teme en particular por Cipriana Jurado, "quien ha trabajado en estrecha colaboración con Amnistía Internacional sobre casos de abusos cometidos por los militares".

Desde 2008, Josefina Reyes había participado activamente en las protestas contra la violencia del crimen organizado en la región, así como por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército, dijo AI.

En agosto de 2009, Reyes participó en el Foro Contra la Militarización y la Represión en Ciudad Juárez "para protestar por las crecientes violaciones de derechos humanos en el combate al narcotráfico", agregó.

En Ciudad Juárez, la urbe más afectada por una ola de violencia del crimen organizado, han sido desplegados unos 8.000 militares para combatir a los carteles de la droga. EFE